Recurso desestimado

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco desestima el recurso de la Asociación de Vecinos de la Parte Vieja. En el se admite la contrucción de 75 viviendas privadas en el ámbito de las plazas San Juan-Etxeandia, alegando que es un espacio urbano deslabazado y carente de continuidad.

En sentencia de 14 de mayo último, el TSJ del País Vasco se niega a anular el acuerdo de la Diputación Foral de Guipúzcoa de 23 de Junio de 1998, que aprobó el Plan de Ordenación Urbana de Irún, a pesar de la reclamación vecinal avalada, en su día, por más de 7.000 firmas.

La sentencia niega importancia supramunicipal al Protocolo suscrito entre los Ayuntamientos de Irún y Fuenterrabia en 12 de junio de 1998, por el que el Ayuntamiento de Irún, ante la desaparición de las instalaciones deportivas de Paliaundi, actúa sobre terrenos, de Hondarribia, con un mínimo de 71.000 m2 del Plan de Zubieta, a fin de que éste a su vez se beneficie de infraestructuras, de comunicaciones de especial impacto sobre los precitados terrenos de Plaiaundi. Sin embargo, estas esenciales modificaciones resultaron imprescindibles para que la Diputación Foral adoptara el acuerdo aprobatorio impugnado.

De otra parte, entiende también la sentencia que la Asociación de Vecinos debía haber rebatido la calificación que el Ayuntamiento hace de las plazas de Etxeandia y San Juan como 'espacio urbano deslabazado' y 'carente de continuidad urbana'. Frente a tal alegato, la Asociación señaló que tal espacio constituye el corazón de la ciudad, su espacio público más relevante.

En consecuencia, la Asociación de Vecinos piensa recurrir la sentendia porque el carácter emblemático y representativo del ámbito San Juan - Etxeandia está fuera de toda duda La Asociación no se niega a que se edifique en la zona, al contrario los considera necesarios, pues según se ha demostrado en el proceso, el Ayuntamiento tiene dispersos por diferentes lugares de la ciudad más de 20 servicios municipales, muchos de ellos arrendados, con rentas anuales superiores a los 17 millones de pesetas.

Por ello, la Asociación piensa recurrir en casación la sentencia y recabará para ello la ayuda económica de los que deseen apoyar su legítima pretensión.