Ramón-Llin no ha llevado al fiscal la peste porcina, pese a anunciarlo

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) no había recibido ayer los resultados de las investigaciones sobre la peste porcina en la Comunidad a pesar de que la Consejería de Agricultura anunció el viernes en un comunicado 'urgente' que dejaba en manos del ministerio público sus pesquisas. Con el anuncio, la consejería que dirige María Ángeles Ramón-Llin pretendía que el ministerio público sopesara la necesidad 'de emprender actuaciones penales ante la posible existencia de prácticas constitutivas de delito en la comercialización de ganado porcino'. A pesar de ello, fuentes del departamento agrario aseguraron que la petición a la Fiscalía se realizó formalmente a última hora de la mañana de ayer. Un extremo del que no tenía constancia la propia Fiscalía.

Mientras, Agricultura sacrificará los 3.500 cerdos de las cuatro granjas situadas en el radio de un kilómetro alrededor del último brote de peste de Alpuente. Una decisión que se debe a que la explotación afectada, la quinta en esta localidad, está situada fuera del radio de 3 kilómetros alrededor del primer brote y en el que ya se sacrificó la semana pasada todo el ganado porcino. En total, se han sacrificado 28.000 cerdos en Alpuente.

Finalmente, ayer el PSPV solicitó la convocatoria de la Diputación Permanente para debatir, entre otros aspectos, la situación creada por la peste pocina. El portavoz socialista, Joaquim Puig, denunció la 'falta de capacidad reivindicativa' y la ausencia de 'sensibilidad' del presidente del Consell, Eduardo Zaplana, y de la consejera Ramón-Llin. Puig acusó a Ramón-Llin de haber sido incapaz de 'defender los intereses' del sector ganadero y de los consumidores valencianos.