'La justicia internacional tiene que ser rápida'
Magistrado emérito del Tribunal Supremo, Joaquín Martín Canivell (Toledo, 1930) es el primer juez español que forma parte de una corte de justicia internacional. Nombrado por Naciones Unidas magistrado del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY), Martín Canivell, instructor en el Supremo de los casos Gómez de Liaño y Pascual Estevill, es un experto en derecho penal internacional de talante progresista, que estudió criminología en Harvard y que, desde los setenta, representa a España en congresos jurídicos de la ONU.
Su formación, su dominio del inglés y el francés -las dos lenguas oficiales del TPIY, tribunal que preside el francés Claude Jorda- y, sobre todo, su firme creencia en la necesidad de que exista una justicia internacional, le llevaron a presentarse para formar parte del tribunal. Fue elegido por 117 votos sobre 180 para ocupar una de las 27 plazas con las que la ONU pretende reforzar este tribunal, que hasta ahora contaba con 16 magistrados. Como juez ad litem, estará a disposición de la corte de La Haya para los casos concretos que se le adjudiquen.
'Lo perfecto sería que existiese un tribunal penal internacional permanente'
'Cuando me otorguen un caso tendré que estar allí permanentemente', señala Martín Canivell en su despacho del Tribunal Supremo en Madrid. 'La justicia internacional tiene que ser tan rápida como sea posible. No apresurada, pero sí rápida. Si pasa demasiado tiempo entre la comisión del hecho y la sanción penal, lo que ocurre es que pierde ese sentido de cercanía en el tiempo y hace que la gente tienda a considerar que no es tan grave', agrega el magistrado, quien cree que la decisión de la ONU de aumentar el número de jueces tiene que ver con la necesidad de acelerar los casos pendientes del TPIY, que tiene bajo su custodia a 39 detenidos, 10 de ellos en espera de juicio. Otros 25 acusados se encuentran fugados.
Uno de los argumentos que esgrimió el ex dictador yugoslavo Slobodan Milosevic en su primera comparecencia en La Haya fue que no era un tribunal legítimo, porque no había sido creado por la Asamblea General de la ONU, sino por la resolución 837 del Consejo de Seguridad. 'El Consejo de Seguridad tiene facultades para tomar medidas cuando haya peligro para la paz mundial. Consideraron que, con los graves delitos cometidos en la ex Yugoslavia, se daba el caso. Hay países que piensan que debió reunirse un congreso concreto para poner en marcha el tribunal. Hubiera sido más irreprochable si cabe, pero hubiera determinado el paso de muchos años antes de la creación del TPIY. Un tribunal que se hubiera constituido 12 o 14 años después de la comisión de los hechos no hubiera sido eficaz. En cualquier caso, es un procedimiento legítimo'.
Otra duda que ha planteado el proceso contra Milosevic es lo que la antigua investigadora del TPIY, la abogada estadounidense Nancy Paterson, ha llamado 'la ausencia de pistola humeante'. Al igual que en los casos relacionados con la Mafia, no es fácil encontrar pruebas contra la persona que se encuentra en la cúspide de una cadena de mando. 'Nunca son personas que cometen por su propia mano los hechos. Son los instigadores, los inductores y, por tanto, no se les puede pillar con una pistola humeante; pero hay otros medios de prueba. El hecho de haber realizado una cosa sin la cual los hechos no se hubiesen cometido le constituye en tan autor como el autor material. Y no sólo se busca a los autores, sino también a los instigadores, a los cómplices', señala.
Primer intento desde la II Guerra Mundial de poner en marcha una justicia universal por crímenes contra la humanidad, el TPIY se enfrenta a numerosos problemas, desde la falta de policía propia hasta la imposibilidad de poner en libertad condicional a las personas que han sido capturadas. 'Hay que ser rápidos en la resolución de los casos. No es deseable nunca que la resolución de un caso se retrase y lo es todavía menos cuando hay personas cuya prisión preventiva se puede prolongar de manera inmoderada'.
En cuanto a la aplicación de las penas, que pueden llegar hasta la cadena perpetua, el TPIY prevé que se puedan cumplir en prisiones de países que lo soliciten. Hasta ahora, además de Holanda, lo han hecho siete Estados, entre ellos España. La legislación que se aplica es la de cada país, aunque, como explica Martín Canivell, 'para que los presos puedan acceder a beneficios penitenciarios tendrán que consultar con La Haya'.
El derecho penal internacional para la persecución de crímenes de guerra se ha ido formando lentamente. Por ahora funcionan los tribunales para la antigua Yugoslavia y Ruanda, aunque para que se ponga en marcha la Corte Penal Internacional, cuyo estatuto fue aprobado en Roma en 1998, todavía queda un largo camino: de los 60 Estados necesarios para que inicie su labor, sólo lo han ratificado 36. Martín Canivell asegura que la detención en Londres del ex dictador chileno Augusto Pinochet representó un punto de inflexión para la justicia porque 'frente al principio de territorialidad de las leyes penales, se abrió la posibilidad de que algunos delitos, dada su gravedad, puedan ser juzgados en cualquier país en que esa persona se encuentre'.
'Lo perfecto sería que hubiese un tribunal permanente. Pero tribunales como los de la ex Yugoslavia o Ruanda van satisfaciendo ese sentimiento cada vez más generalizado de que hay delitos que no pueden quedar impunes', agrega.
