Preocupación

Desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública venimos observando con creciente preocupación la actitud y el comportamiento, cada vez más surrealista e irresponsable, de la ministra de Sanidad, Celia Villalobos, en el manejo de los problemas sanitarios del país.

Después de la incompetencia demostrada en la gestión de la llamada 'crisis de las vacas locas', las decisiones sobre el aceite de orujo de oliva han suscitado una gran alarma social y sanitaria y han puesto de manifiesto nuevamente la incompetencia de una ministra más preocupada por su imagen que por la salud de ciudadanos y consumidores.

La contradicción que supone que se tomen decisiones con carácter urgente tras conocer el problema con meses de antelación, al mismo tiempo que se desmienten rotundamente que existen riesgos para la salud, dejan sin credibilidad los mensajes tranquilizadores y alientan la alarma social sobre la seguridad de los alimentos y sobre el nivel de control que sobre ellos tienen las autoridades sanitarias. Parece que una vez más se imponen los intereses de naturaleza comercial sobre los de salud pública.

Esta forma de enfrentar los problemas vuelve a mostrar la insolvencia técnica y la descoordinación entre el Ministerio de Sanidad y el de Agricultura de la crisis anterior, y sobre todo evidencia la contaminación por intereses políticos de la ministra de decisiones de naturaleza sanitaria, como corrobora el que el tema no fue abordado en el Consejo Interterritorial de Sanidad, donde estaban los representantes de todas las comunidades autónomas.

Esta forma de actuar, similar a la adoptada ante problemas como las listas de espera, etcétera, justifica que los profesionales sanitarios rechacen sus actuaciones (en una reciente encuesta, la calificaban con 1,6 sobre 10), porque se ha caracterizado por la ineptitud y falta de transparencia y está creando riesgos para la salud y el descrédito de la sanidad pública, que no sabemos si no responderá a un intento sistemático de deteriorarla para favorecer su privatización. La FADSP exige transparencia y la dimisión de la ministra por su manifiesta incapacidad para gestionar la sanidad de este país.-