El SEPLA mantiene la protesta en Iberia y reta al Gobierno a poner fin a la huelga
El sindicato rechaza nombrar árbitro y anuncia recursos contra la línea aérea y el Ejecutivo
El portavoz del SEPLA, Jaime Lacasa, escenificó ayer con tono pausado, en una multitudinaria conferencia de prensa, lo que en definitiva es todo un desafío al Gobierno: si el Ejecutivo quiere acabar con el conflicto en Iberia, vino a decir Lacasa, tendrá que mojarse hasta el final. El SEPLA, explicó Lacasa, no propondrá ningún árbitro para mediar con la dirección de la compañía aérea y rechazará a cualquiera que proponga Iberia. Ello obligará al Gobierno a nombrar en 48 horas su propio mediador, que, en opinión del colectivo, tendrá facultades para imponer el fin de la huelga.
"Suponemos", aseguró el jefe del SEPLA, "que la huelga [la próxima jornada está convocada para el martes día 17] quedará sin efecto por el propio proceso de arbitraje. Nosotros no somos responsables de la desconvocatoria y deberá ser el árbitro [del Gobierno] quien haga la petición. Esperamos que el Gobierno, ya que interviene, fije el procedimiento". En otras palabras, los pilotos no moverán un dedo para acabar con un conflicto del que responsabilizan directamente a la dirección de la compañía.
Demandas
Los representantes del SEPLA anunciaron también que presentarán en los próximos días sendas demandas contra la dirección de Iberia por suspender los vuelos el jueves "y poner en riesgo la calidad de la seguridad en la compañía" y contra la imposición de arbitraje aprobada ayer por el Gobierno, al entender que esta última decisión vulnera "la tutela efectiva al derecho de huelga".
Para la segunda demanda existe un plazo de presentación de ocho días. Ninguno de los dos recursos, según explicó el abogado del sindicato, Jorge Trías Sagnier, está aún perfilado. La base sobre la que el sindicato elevará toda su argumentación legal fue, no obstante, adelantada por Lacasa: la suspensión de vuelos del pasado jueves fue, según su explicación, "una maniobra absolutamente abusiva de la dirección de Iberia, y una decisión ilegal no puede ser amparada por la decisión de arbitraje obligatorio aprobada por el Gobierno".
La suspensión de vuelos, añadió el portavoz de los pilotos, fue "un cierre patronal ofensivo con la disculpa de que no estaba garantizada la seguridad", que ha provocado un grave quebranto a la empresa, por lo que "los accionistas [de Iberia] deberían reflexionar" sobre el futuro de la actual dirección. Lacasa destacó que la cadena de cartas de dimisión de los pilotos (hasta 113), que a la postre desencadenó la paralización durante varias horas de la flota de Iberia, se inició "semanas atrás, como un goteo, a la vista de la política agresiva de la dirección y sin que nosotros [el SEPLA] interviniéramos".
Esas cartas de dimisión, reconfirmadas, según Lacasa, en la noche del jueves, dejaban claro, en su opinión, que sus remitentes seguirían cumpliendo con sus cargos a la espera del relevo de funciones, con lo que en ningún momento se puso en riesgo la seguridad de los viajeros.
Para el SEPLA, todo lo sucedido desde el pasado jueves responde a maniobras "espurias" que, según Lacasa, descubrieron el pasado lunes, cuando, tras la reunión celebrada el viernes anterior con la dirección de Iberia y en la que, según el sindicato, estuvo a punto de alcanzarse un acuerdo, se rompió la negociación sin explicaciones. "Estaba preparándose el escenario" que ha desembocado en el laudo del Gobierno, remachó el portavoz. "Desconocemos si ha habido concertación entre el Gobierno y la dirección de Iberia", afirmó el jefe del SEPLA, "pero lo cierto es que en 24 horas ha habido una sucesión de acciones desmedidas".
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