Los ponentes del Estatuto creen 'positivo' abrir un debate político y jurídico sobre su reforma

Manuel Chaves invitó ayer a comer en el Palacio de San Telmo a los siete integrantes de la comisión redactora del Estatuto, que fue constituida el 4 de diciembre de 1980, tras su designación por el Consejo de Gobierno de la Junta preautonómica. La intención del socialista era pulsar su opinión acerca de una posible reforma y no sondear al actual arco parlamentario. De hecho, algunos de los ponentes están alejados ya de la militancia política o se han orientado hacia posiciones ideológicas diferentes de las formaciones por las que fueron elegidos.

Cuando se creó la comisión, hace 20 años, en representación del PSOE acudieron José Rodríguez de la Borbolla, Ángel López y Miguel Ángel Pino; por la extinta Unión de Centro Democrático (UCD) Carlos Rosado y Pedro Luis Serrera; por el PCA, Javier Pérez Royo; y por el PSA, Juan Carlos Aguilar.

Según comentaron varios de los asistentes, Chaves planteó la posible reforma en términos muy parecidos a los que empleó para lanzar la idea en el pasado debate del Estado de la Comunidad: la necesidad de abordar un segunda modernización de Andalucía, sin dejar fuera ninguna alternativa, incluida la modificación del Estatuto. En sus propias palabras, 'la construcción del Estado de las Autonomías, la nueva arquitectura europea, la globalización del mercado y los avances de la sociedad de la información han creado un marco radicalmente nuevo'.

En un turno de palabra posterior, relató Javier Pérez Royo, los ponentes consideraron una buena idea la apuesta del presidente de la Junta y sacar la discusión política del estado de crispación en donde se encuentra. Sin embargo, apuntaron el riesgo de que, al final, no se produzca un resultado concreto que justifique la expectación que ha levantado. Como primer paso, los redactores opinaron que el debate debe de situarse en el terreno puramente político: ver qué se quiere hacer con Andalucía en la nueva configuración de Europa y del Estado español, y también respecto al equilibrio interno entre los poderes local y autonómico.

Todos coincidieron, afirma Carlos Rosado, en la necesidad de propiciar una mayor cohesión territorial de la comunidad, ya que, si bien en la fase inicial [durante la redacción del Estatuto] hubo consenso generalizado, ahora la cohesión se está resquebrajando.

El debate político, sostuvieron los ponentes, debería complementarse con otro jurídico, en el que personalidades del mundo de la Universidad y la judicatura analizaran qué parte del texto estatutario no se ha desarrollado y chequear desde el punto de vista científico las posibilidades del Estado. Ninguno de los asistentes a la reunión, que se desenvolvió en un ambiente 'distendido y relajado', llegó a abordar si la reforma es necesaria o no: 'Lo fundamental es pensar qué es lo que se pretende y luego ver si hace falta cambiar el Estatuto', dijo Pérez Royo.

En este mismo sentido se expresó Ángel López, al finalizar el almuerzo, quien declaró: 'Cualquier concreción ahora mismo sería una falta de rigor y harto imprudente, y suministraría un eslogan para oponerse a él por parte de aquellos que no quieren que se mueva nada'. López añadió que aquellos que proponen que primero es necesario alcanzar el techo competencial en lugar de afrontar la reforma, ponen de manifiesto un planteamiento de unas 'miras cortísimas' y una forma de hacer política 'de determinada clase política andaluza, que apuesta por instalarse entre la miseria para no llegar a la grandeza'.

Rodríguez de la Borbolla argumentó la conveniencia de este debate ante los cambios producidos desde la aprobación del Estatuto en 1981, entre los que citó los derivados de la integración de España en la UE, por lo que consideró conveniente reflexionar sobre la posible traslación al Estatuto de principios como la cohesión interterritorial o la subsidiariedad. Se trataría de introducir mecanismos para reforzar la solidaridad dentro del territorio andaluz y, por otra parte, la posibilidad de trasladar el impulso de la descentralización en favor de administraciones más cercanas como son las corporaciones locales.

Otra de las cuestiones a analizar, para Borbolla, es el papel de las regiones en la UE, mientras que consideró irrelevante aspectos como si se debe incluir expresamente el término de 'comunidad histórica' en la norma básica andaluza, como reivindican los nacionalistas.

Carlos Rosado coincidió en la 'pertinencia' de este debate, que debe servir para analizar la posición de Andalucía dentro de España y en relación con Europa, y confesó que le gustaría que esta legislatura 'pasara a la historia como aquella en la que se produce el punto de partida de una nueva etapa en la autonomía andaluza'. A su juicio, este debate tiene también otras 'grandes ventajas', como la 'oportunidad histórica' que se le brinda al PP, que no pudo participar en el proceso autonómico porque no existía entonces, así como a las nuevas generaciones de andaluces que pueden ahora vincularse a un proceso de relanzamiento de la autonomía.

Rosado cree susceptible de reforma, entre otros aspectos, el artículo 12 del Estatuto de Autonomía en el que se plantean los objetivos de la comunidad -como la reforma agraria-, los cuales respondieron a un momento histórico determinado 'ya superado', y abogó por introducir cuestiones sobre la sociedad del conocimiento y de la información.

'Comida de amigos' Por su parte, la presidenta del PP andaluz, Teófila Martínez, cuestionó ayer el valor de la reunión al calificar el encuentro como 'una comida de amigos' en la que, según denunció, no están representados ni el PP ni IU, informa Fernando Pérez Monguió. Martínez justificó sus críticas al acusar a Chaves de 'excluir' a la dirigente del PP Soledad Becerril, quien participó en la elaboración del Estatuto cuando pertenecía a la UCD. 'No tiene explicación que no cite a Becerril, que es la única persona que representaría al PP, que cuenta con 46 diputados y gobierna en 150 ayuntamientos', dijo Martínez, quien espetó: 'Eso no es leal con la sociedad andaluza. Una más el señor Chaves ha mentido cuando dijo que se reuniría con los que participaron en la elaboración del Estatuto. Su palabra empieza a no tener valor'.

A renglón seguido, la presidenta del PP andaluz conminó a Chaves a 'recapacitar' e invitar a IU y al PP a participar. 'No tiene excusas porque esto es muy gordo y muy fuerte', concluyó.

Algunos ponentes del Estatuto recordaron ayer que Soledad Becerril -aunque participó activamente, como otros muchos políticos de entonces, en las fases de elaboración de la norma básica andaluza-, nunca formó parte de la comisión redactora, cuya composición de siete miembros se recoge claramente en un decreto de la Junta.