Reformar el Estatuto

Vistas las primeras reacciones a la sorpresiva propuesta del Parlamento sobre la conveniencia de reformar el Estatuto, reconozco que sigo sumergido en el mar de dudas que me sobrevino a la perplejidad. Hay que reconocer, no obstante, que, al menos en el orden kantiano, vamos por el buen camino. Del asombro a la duda y de ésta al conocimiento. Pero estamos todavía en el segundo tranco, y me temo que va para largo.

Sorprende a primera vista la radicalidad de la propuesta: 'Impulsar y liderar la reforma del Estatuto, abriendo un amplio debate en la sociedad andaluza, con las fuerzas políticas, económicas y sociales, que conduzcan a profundizar en el autogobierno y que genere una amplia movilización social'. Esto hizo que se unieran fervientemente PA e IU, en la creencia de que el cielo se les abría para iluminar sus respectivas tesis nacionalista y federalista. No así el PP, que empezó con un rechazo absoluto, pero que hace unos días ya ha mostrado su disposición a hablar. Será por aquello de gato escaldado... (A la derecha andaluza, cada vez que oye la palabra referéndum, se le eriza la cabellera).

Pero la primera duda surge ante la simple constatación numérica: harían falta 3/5 de votos en el Parlamento de Andalucía, mayoría en el Congreso y, al final, un referéndum, que tendría que ser autorizado por Madrid, y luego ganarse. Ahí es nada. Claro que para entonces a lo mejor ya habría otro inquilino en la Moncloa. Y me parece que ésta es una de las claves del asunto. La idea que se acaba de poner en órbita no es para resolver mañana, ni posee contenidos previos, salvo uno: impedir que el Estado de las autonomías se desarrolle, como ya empieza a ocurrir, de manera asimétrica y con una fuerte potenciación del Norte, a costa del Sur. Y que la poderosa maquinaria neocentralista de Aznar acabe consiguiendo, de facto, vaciar nuestro Estatuto de primera, es decir, vengarse ahora de la derrota que el pueblo andaluz le infligió a la derecha aquel 28-F de 1980. Dicho de otra manera: España, también de facto, ya es en muchos aspectos un Estado Federal, pero carece de las instituciones que lo regulen: un Senado que sirva para algo, una presencia de las autonomías en la UE, una mesa obligada del presidente de la nación con los presidentes autonómicos... Y que eviten, de iure, las arbitrariedades con las que nos está castigando el PP: censo no reconocido, inversiones públicas descaradamente aminoradas, y un ninguneo político intolerable. Ejemplos: la nueva OCM del aceite se fragua en Bruselas sin la más mínima participación de Andalucía. El no tratado de pesca con Marruecos, igual. En la reciente crisis del orujo, la Junta todavía no tiene un triste documento que llevarse a la vista. En las negociaciones sobre financiación, todo es un tira y afloja de lo más denigrante. La paradoja es que, si bien no están agotadas ni mucho menos las posibilidades del actual Estatuto, y no digamos los fallos de gestión que existen, falta un nuevo marco jurídico-político que impida que las cosas vayan a peor en un horizonte crucial: el de los próximos dos-cinco años, con la convulsión de la ampliación europea, el debate federalista y, sobre todo, la tenaz resolución del PP contra Andalucía. Queda mucho verano para pensar.