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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Temario de investidura

LOS PERFILES más marcadamente nacionalistas del acuerdo de gobierno hecho público el viernes por el PNV y EA han suscitado no poca inquietud. Si bien las referencias al derecho de autodeterminación están ya recogidas -incluso con más detalle- en el programa electoral de la coalición nacionalista que ganó las elecciones vascas, llama la atención que su esquema de gobierno las coloque más en primer plano que nunca y que el PNV deje al socio menor, Eusko Alkartasuna, poner la etiqueta a la nueva legislatura. Pero sorprende aún más que, transcurridos ya dos meses del 13-M, los discursos de ambos partidos y de Ibarretxe continúen en el mismo punto de inconcreción en que quedaron la noche electoral.

Es cierto que el desenlace de los comicios ha tenido un efecto balsámico sobre la crispada escena política vasca. Por otra parte, la desvinculación del colectivo Aralar, que encabeza Patxi Zabaleta, de Batasuna -la enésima metamorfosis del mundo político que gira alrededor de ETA-, revela que los efectos del batacazo electoral han sido mucho más profundos de lo que pueden admitir sus portavoces. Desde el nacimiento de HB, en 1979, nunca se había producido un cuestionamiento interno tan frontal de lucha armada y del revolucionarismo primario que empapa la estrategia de Batasuna.

Se ha despejado también la incógnita de la entrada de IU en el nuevo Ejecutivo de Ibarretxe. El deseo de incorporar al Gobierno una tercera fuerza que atenuara, al menos superficialmente, su tinte nacionalista no ha sido tan fuerte como para acceder a las compensaciones presupuestarias que solicitaba Javier Madrazo para su única cartera. Por tanto, el PNV y EA se disponen a afrontar cuatro años con una orientación monocolor y las solas fuerzas de su mayoría relativa reforzada (33 parlamentarios sobre 75). La práctica imposibilidad de que se produzca una confluencia de toda la oposición, donde conviven PP (19 escaños), PSE (13), IU (3) y Euskal Herritarrok (7), le otorga a la minoría que encabeza Ibarretxe un horizonte de estabilidad suficiente. A ello se suma el compromiso moral de los partidos democráticos de no buscar acuerdos con el brazo político de ETA. Pero ni una cosa ni otra garantizan que el Gobierno nacionalista no pueda sufrir aprietos ocasionales.

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Al margen de estos descartes, el resto es nebulosa. Se han dado por parte del lehendakari en funciones y alguno de sus colaboradores gestos de firmeza ante los violentos y de una tenue solidaridad con las víctimas que se echaron a faltar en la etapa anterior. Pero, más allá de afirmaciones elementales y condolencias, poco se sabe sobre qué va a hacer concretamente el nuevo Gobierno para proteger 'la vida y las libertades de todas las personas', que es la base de cualquier democracia. Por ejemplo, de aquellas que estos días han sufrido el ataque de los terroristas callejeros por el simple hecho de ser familiares de políticos no nacionalistas. O de ese 50% de los vascos que, según el Euskobarómetro, tiene miedo a participar activamente en política e incluso a hablar. Las pausas que se toma ETA en su empeño criminal no pueden difuminar la realidad de que los 'derechos' efectivamente vulnerados en Euskadi son los de los ciudadanos amenazados por una violencia sectaria que discrimina a sus víctimas ideológicamente.

En su discurso de investidura de mañana, Ibarretxe debe aclarar cómo va a conciliar la búsqueda de la paz a través del diálogo, y sin mezclarla con reivindicaciones políticas, con la necesaria deslegitimación de quienes no admiten otro diálogo que el que satisfaga sus posiciones totalitarias. O cómo se conjuga la exigencia de la integridad del Estatuto de Gernika y la denuncia de sus incumplimientos con planteamientos de superación que se sitúan al margen de los procedimientos institucionales establecidos en él. Reclamar en nombre de la sociedad vasca el 'derecho' a 'ser consultada' sobre su futuro sin precisarle qué se le va a proponer, cuándo y cómo, no contribuye a la 'normalización' predicada. El candidato del PNV-EA tiene el deber de aclarar si de verdad aspira a ser el lehendakari de todos los vascos, y no sólo de los 604.000 que le dieron el voto.

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