El fracaso de la vivienda

Pocas actividades tienen tanta influencia social como la construcción de viviendas. No sólo es un indicador fiel del pulso económico de un país, sino que describe a la perfección las intenciones políticas de sus gobernantes. En España, la evolución del mercado de la vivienda en los últimos años ofrece poderosas razones para el pesimismo. Una de ellas es el crecimiento desaforado de los precios, más del 46% en los últimos cuatro años, apenas disimulado por la desaceleración en el primer semestre de este ejercicio (3,2%, según cálculo de la Sociedad de Tasación). Por más que la subida se quiera presentar como un síntoma del boom de la construcción, un encarecimiento de esa magnitud tiene nefastas consecuencias para los consumidores y destruye cualquier posibilidad de que los jóvenes puedan acceder a una vivienda. Comprarse un piso en España requiere más de cinco años de sueldo, el esfuerzo más alto entre los países de la OCDE.

El desbordamiento de los precios es resultado de una serie de fracasos. Ni este Gobierno ni los anteriores han conseguido reducir el coste del suelo, que tiene un peso decisivo en el precio final de la vivienda; las políticas de liberalización han fracasado de forma sistemática y los Ayuntamientos siguen manteniendo el poder de decisión sobre el volumen y el precio del suelo que se pone en el mercado, ya que una parte sustancial de sus recursos proviene precisamente de él. Fomento no ha conseguido resolver este problema, a pesar de sus reiteradas promesas. La liberalización del suelo del PP, como las pretendidas en otros mercados, se ha quedado en retórica.

Al desacierto en la liberalización del suelo, el Gobierno ha sumado una desafortunada política de vivienda social. El número de viviendas de protección oficial (VPO) construidas ha caído en picado. Durante este año están previstas 475.000 nuevas viviendas, de las cuales apenas el 15% serán VPO; en el periodo 1992-1996 la media fue del 40%. La política está tan mal diseñada que los promotores no tienen interés ni encuentran ventajas en hacer pisos más asequibles.

La política de vivienda es una obligación esencial del Estado. El Gobierno parece haber renunciado a su obligación de incentivar un volumen suficiente de viviendas sociales, y se ha sentado a contemplar cómo la libre, sin restricciones ni límites de precio, se adueña del mercado. Como tampoco se ha promovido el mercado de alquileres, el resultado es el que cabría esperar de una ciega actuación de la oferta y la demanda: muchas casas para rentas altas y muy pocas para las medias y modestas.