Desarticulada en México una red de escuchas ilegales de la era del PRI
Antiguos espías vendían datos al mejor postor
Los núcleos clave de las escuchas se encontraban en Ciudad de México y el Estado de México; no se trataba de una banda equipada con lo mejor del mercado, sino de espías que se armaban con un equipo rudimentario, como grabadoras convencionales y cables para pinchar líneas telefónicas o escáneres para seguir conversaciones con teléfonos móviles. La red tenía intervenidos teléfonos de ministerios y oficinas de partidos políticos.
El presidente, Vicente Fox, intervino de inmediato y dijo en su programa semanal de radio: "Nos urge acabar con las bandas criminales... Ojalá y los llevemos al bote [cárcel] por muchos, pero muchos años".
Nadie sabe desde qué profundidades salen estos topos y hasta qué alturas llegan en sus misiones. El jefe de la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada, José Luis Santiago, y el subprocurador (fiscal), Gilberto Higuera, no confirmaron ni desmintieron varias versiones según las cuales entre los teléfonos intervenidos estaban los del ministro de Hacienda, Francisco Gil Díaz, el viceministro de Gobernación, José Luis Durán, así como de los dirigentes de las principales fuerzas políticas: Partido de Acción Nacional (PAN, conservador, en el poder), Partido Revolucionario Institucional (PRI, ex gobernante) y Partido de la Revolución Democrática (PRD, centroizquierda).
Durante los 71 años en que el PRI gobernó ininterrumpidamente, hasta que perdió las elecciones frente a Fox hace un año,el espionaje telefónico alcanzó tanto a líderes opositores como a miembros del propio sistema, pasando por intelectuales contrarios al priísmo o periodistas críticos. De las escuelas de ese tipo de espionaje parecen haber salido los miembros de esta red, a la que se ligó extraoficialmente al Gobierno del Estado de México, que de inmediato se desmarcó del caso de las escuchas. "Desde el 4 de junio, cuando se detuvo a los primeros espías y secuestradores, la Procuraduría solicitó al Gobierno del Estado de México información", pero no la brindó, dijo Higuera.
Fox se lanzó de lleno contra los espías: "Esto no va a parar, vamos a ir hasta las últimas consecuencias porque una seguridad que queremos para cada familia es la privacidad, que no se anden metiendo en la vida privada de los ciudadanos, de los políticos y los gobernantes". El presidente comentó que, de acuerdo con la información de que disponía, los escuchas "se dedicaban al espionaje de manera particular para hacer negocios".
El senador y dirigente del PRD, Jesús Ortega, tiene otra opinión del asunto y acusa de "descontrol" al Gobierno de Fox. Ortega piden que se corte de tajo esta práctica que puede ser origen de desestabilización y represión.
Pero las leyes mexicanas no consideran que el espionaje sea un delito grave y los autores de las escuchas podrían recuperar su libertad en breve tras el pago de una sanción económica.
A subasta los secretos de Estado
Sin empleo o sin el futuro que les garantizaba el viejo sistema político, agentes de la inteligencia mexicana comenzaron a "vender al mejor postor paquetes [de información] de los que se apropiaron durante el descontrol de la transición", según comentó en junio el diario La Crónica de Hoy sobre el descubrimiento de las redes clandestinas de escuchas.
El periodista Julián Andrade Jardí denunció entonces que, como ocurrió con muchos espías en los países comunistas del Este de Europa tras la caída del Muro de Berlín, muchos operadores del CISEN (Centro de Información y Seguridad Nacional), "empleados de un Gobierno del que fueron ojos y oídos, ahora poseen información explosiva que venden a 120.000 pesos [unos 2,6 millones de pesetas]" o a precios negociados con cada cliente, y "conversaciones privadas y oficiales que se pueden convertir en un serio problema de gobernabilidad o deshacer una familia". Según una fuente empresarial, en el mercado hay documentos e incluso archivos referidos a hombres que dirigieron la Seguridad Nacional en los gobiernos anteriores.
Pocos saben cuánta y qué clase de información se encuentra en los sótanos del poder, pero varias fuentes consultadas la relacionan con las páginas más negras de la historia política y social del país, y posiblemente contenga datos sobre los responsables materiales e intelectuales de sucesos como la matanza de Tlatelolco o los grandes fraudes electorales del Partido Revolucionario Institucional, PRI.
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