Buckingham fija unas duras normas para las actividades privadas de la familia real
El Palacio de Buckingham se ha puesto serio. Después del escándalo que afectó a la esposa del príncipe Eduardo, Sophie, que fue cazada in fraganti por un periodista encubierto del diario sensacionalista News of the World presumiendo de sus conexiones reales y criticando a miembros de la familia real británica con un cliente de su agencia de relaciones públicas, una nueva normativa afectará a todos los Windsor: podrán continuar con sus carreras en el sector privado; pero siempre que no se aprovechen de su condición para obtener beneficios económicos.
La norma es menos estricta de lo que quería el príncipe Carlos, quien deseaba que los miembros de la familia real se dediquen exclusivamente a ejercer sus funciones protocolarias. Según el príncipe de Gales, sus únicas labores deberían ser el asistir a actos benéficos y representar a la Corona. Su hermana, la princesa Ana, era de la misma opinión. Sin embargo, la norma que entrará en vigor es más flexible y parece estar cortada con los mismos patrones que prohíben, en el mundo económico, la información privilegiada o, en el de la política, el abuso de los fondos públicos para actividades privadas.
Según un comunicado del Palacio de Buckingham, en el futuro los miembros de la familia real tendrán que consultar con el jefe de la Casa de Isabel II cualquier negocio que vayan a emprender y tendrán que renunciar a cualquier compromiso oficial si éste entra en colisión con sus actividades privadas. Este último punto parece estar dedicado especialmente al príncipe Eduardo -el primer vástago de una soberana británica que ha desarrollado una actividad remunerada de forma continuada-, quien fue duramente criticado por aprovechar viajes oficiales para establecer contactos para su productora.
Según la prensa británica, fue el marido de la reina Isabel II, el duque de Edimburgo, quien influyó en la comisión encargada de estudiar el asunto liderada por el chambelán de palacio, lord Luce, quien fue asistido por el secretario privado de la reina, sir Robin Janvrin, y por el canciller del Sello Privado -el tesorero de la Reina-, sir Michael Peat. El duque de Edimburgo insistió en que Eduardo y Sophie debían tener permiso para trabajar porque así podrían contribuir económicamente al mantenimiento de su casa en Surrey, Bagshot Park, que les cuesta cada año 250.000 libras (unos 73 millones de pesetas).
Tras el escándalo, Sophie renunció a la presidencia de su empresa de relaciones públicas, aunque en todo momento recibió el apoyo de la reina.
