La entrega de dos generales a La Haya rompe la coalición que gobierna Croacia

'La no cooperación con el TPIY representa una política de aislamiento y de enemistad hacia Europa, una vuelta hacia el abismo balcánico, del que Serbia está logrando salir con pasos decisivos', agregó el primer ministro al término de una tormentosa reunión de su Gabinete, que se prolongó durante casi ocho horas y provocó la dimisión de cuatro miembros del Ejecutivo. El precio del anuncio de la entrega a La Haya ha sido una grave crisis política entre los partidos de la coalición gobernante y de la oposición, que podría acabar con el Gobierno del socialdemócrata Ivica Racan, que el 3 de enero de 2000 derrotó al partido nacionalista del fallecido presidente Franjo Tudjman.

Los socialdemócratas fueron abandonados por los social-liberales de Drazen Budisa, quienes votaron en contra de la extradición de dos generales del Ejército croata, cuyos nombres no han sido revelados oficialmente. No obstante, según todos los indicios, los generales son Ante Gotovina, retirado hace un año por el presidente croata, Stjepan Mesic, tras haber criticado la cooperación de Croacia con el TPIY, y Rahim Ademi, perteneciente a la etnia albanesa y todavía activo. Gotovina sería responsable, entre otros cargos, de la ejecución de centenares de civiles serbios en 1995.

La guerra de la Krajina

Ademi respondería por crímenes de guerra cometidos en 1993 en uno de los intentos de recuperar los territorios ocupados por los serbios en la Krajina desde 1991. Gotovina, el más carismático y respetado de los generales croatas, fue visto el jueves en un restaurante céntrico en Zagreb, distendido y sonriente. 'Si soy culpable, lo es también toda Croacia por haberse defendido de la agresión serbia', dijo entonces.

El líder social-liberal Budisa impuso a su partido una postura muy similar a la adoptada por los diputados de la nacionalista Unión Democrática Croata, fundada por Tudjman. Considera inaceptable el hecho de que las acusaciones realizadas por el TPIY 'cuestionan la validez de las operaciones militares' con las que Croacia recuperó, entre mayo y agosto de 1995, los territorios ocupados por los serbios que se sublevaron cuatro años antes con el apoyo del Ejército Federal Yugoslavo.

En dichas acusaciones, según fuentes social-liberales, está escrito que el objetivo de las operaciones militares fue expulsar a 150.000 ciudadanos croatas pertenecientes a la comunidad serbia. En otras palabras, las autoridades croatas serían indirectamente acusadas de haber llevado a cabo una política de limpieza étnica en su propio territorio.

Al informar a la prensa del resultado de la votación de su Gabinete, el primer ministro Racan no ocultó su abierto temor a que la derecha y los excombatientes, como han amenazado, bloqueen los pasos de frontera y las carreteras en plena temporada turística, cuyo éxito es necesario para que Croacia comience a salir de la profunda crisis económica que sufre.

Además, Racan mostró su preocupación por la posibilidad de la caída de su Gobierno, la convocatoria de elecciones parlamentarias anticipadas y la vuelta al poder de los nacionalistas. Tras reconocer la gravedad de la situación, Racan dijo que pedirá al Parlamento 'lo más pronto posible' un voto de confianza. Los social-liberales de Budisa podrían votar en su contra, lo que acabaría con el Gobierno. El presidente del Parlamento, Zlatko Tomcic, respondió ayer que la votación podría ser organizada en torno al 15 de julio.

La extradición de los generales también fue respaldada por el presidente Mesic, quien, en un comunicado de prensa, manifestó ayer que la declaración del estado de emergencia era inaceptable. 'Sólo la identificación de los responsables de crímenes de guerra nos permitirá evitar el síndrome de la culpa colectiva y liberarnos de quienes se han ensangrentado sus manos', enfatizó Mesic.

El arzobispo de Zagreb y presidente de la Conferencia Episcopal Croata, Josip Bozanic, pidió ayer que 'los que gobiernan y encauzan los acontecimientos no den motivos a reacciones de sentimientos incontrolados que pueden dañar el bien común, la paz y la seguridad'. Bozanic reconoció que las diferencias y divisiones en la sociedad croata crecen y expresó que es necesario abrirse al futuro.

Éste podría ser un diagnóstico de la sociedad croata, dividida desde la II Guerra Mundial entre aquellos que consideran patriótica la política fascista, racista y de colaboracionismo con los nazis de Ante Pavelic (líder del Estado independiente de Croacia, que desencadenó un genocidio contra serbios y judíos) y aquellos que quieren dejar atrás ese pasado ultranacionalista.

Los croatas que se oponen a la extradición de los generales acusados por La Haya, a menudo portan símbolos del sangriento movimiento ustasha de Pavelic, y en sus protestas repiten lo mismo que se ha escuchado en Belgrado con motivo de la extradición de Milosevic. Paradójicamente, enfrentados en sus nacionalismos, ambos bandos se han aliado en su desprecio por la justicia internacional. Y no escuchan ni quieren entender ni cuando la fiscal Carla del Ponte asegura que el Tribunal de la ONU no intenta 'criminalizar la liberación de los territorios ocupados', sino establecer la responsabilidad individual de altos jefes militares.