El Consell se escuda en el Estado para no tener que asumir su responsabilidad en los apagones

La Consejería de Industria delega su responsabilidad en el Estado cuando el Estatuto de Autonomía, en su artículo 31.16, le concede competencias plenas para asegurar el abastecimiento a toda la población. En la Comunidad existen cuatro puntos 'calientes' pendientes de un refuerzo de la red desde hace años, que ahora enfrenta a Iberdrola y ayuntamientos.

Los gobiernos catalán y balear han puesto en práctica su capacidad competencial frente a los problemas de suministro de electricidad. La normativa estatal -ley del sector eléctrico (1997) y real decreto sobre calidad de la distribución (diciembre de 2000)- concede a las comunidades autónomas la potestad para obligar a las compañías eléctricas a conservar en buen estado y reforzar los tendidos para asegurar el suministro a toda la población. Pero la realidad es otra. Cuatro zonas permanecen en este momento en la Comunidad Valenciana pendientes de que Iberdrola construya nuevas redes: El área de Valencia, que mejorará su situación tras el desbloqueo de la subestación de La Punta, la línea Vilanova-Gandia, bloqueada durante 10 años y que solucionaría los apagones del sur de la provincia de Valencia y norte de la de Alicante (hasta Altea), la línea que atraviesa L'Alcoià-Comtat, pendiente de la subestación de Cocentaina, y Elche-Rocamora.

Las inversiones en estas líneas, más de 50.000 millones de pesetas, están anunciadas por Iberdrola y la Generalitat desde hace tres o cuatro años, pero siguen sin resolverse. La eléctrica culpa del desaguisado a los ayuntamientos y organizaciones ecologistas por dinamitar los proyectos y éstos acusan a Iberdrola de descuido y falta de inversiones reales. La Generalitat sólo observa. Y los particulares, afectados por los cortes de luz, sólo encuentran amparo en los tribunales civiles después de un largo proceso judicial. Las administraciones, ya sean central o autonómica, se han demostrado incapaces hasta la fecha de garantizar el servicio o respaldar a los particulares cuando registran pérdidas económicas a raíz de los cortes.

La Generalitat resta importancia a la polémica porque este año ha descendido un 35% la duración de los cortes de luz, aunque ni la Administración ni Iberdrola han facilitado las horas totales, el tiempo medio (el corte inferior a tres minutos no se considera daño), las localidades afectadas, y si se ha indemnizado a los perjudicados. Industria se remite a las inversiones anunciadas por Iberdrola y le pide que 'intensifique el mantenimiento preventivo' de las líneas.

Según reconoce Industria, el gran problema está en la línea Vilanova y Gandia, para cuya construcción se han presentado ocho propuestas distintas, aunque esperan la solución definitiva para septiembre. Este departamento sabe de la negativa de Iberdrola a conceder nuevas altas en la zona ante la imposibilidad material de proporcionarles suministro eléctrico. El Consell dice que la solución está en manos del Gobierno e Ibedrola, pero lo cierto es que la Generalitat es la primera y más directa responsable, según el Estatuto y según la ley del sector eléctrico. 'Corresponde a las comunidades autónomas impartir instrucciones relativas a la ampliación, mejora, y adaptación de las redes e instalaciones eléctricas de transporte o distribución de su competencia, para la adecuada prestación del servicio', dice la ley del sector eléctrico. El artículo del Estatuto de Autonomía es también claro al respecto: la Generalitat tiene competencias '(...) sobre las instalaciones de producción, distribución y transporte de energía. Todo ellos sin perjuicio de lo establecido en el número 25, apartado 1 del artículo 149 de la Constitución', donde se habla de las bases del régimen minero y energético.