Impuestos, gasto público y las elecciones británicas

Una de las opiniones más extendidas en la cultura mediática y política de este país es que hay una demanda generalizada por parte de las poblaciones de los países desarrollados, incluido España, de que disminuyan los impuestos, considerados excesivos. Las encuestas de opinión popular en estos países, y también en España, muestran, sin embargo, que la realidad es más compleja. Tales encuestas muestran que la gran mayoría de las clases populares relaciona los impuestos con la calidad de los servicios públicos, y percibe que la disminución de impuestos, sin más, puede significar un descenso de los ingresos al erario público y un gasto público social menor, con deterioro de los servicios públicos. De ahí que la mayoría de las poblaciones encuestadas favorezcan más la expansión de, por ejemplo, las pensiones y del gasto público en escuelas, servicios sanitarios y servicios de ayuda a la familia que la reducción de los impuestos. Es más, la mayoría de la ciudadanía sabe que los que se benefician más de la reducción de impuestos son los grupos de rentas superiores (que pagan más impuestos), mientras que los que se benefician más de la expansión de los servicios públicos y las pensiones públicas son las clases populares, lo cual explica que sean éstas y amplios sectores de las clases medias las que apoyan con mayor intensidad la expansión del gasto público social en lugar de la reducción de los impuestos, medida favorecida por las personas de rentas superiores.

Las elecciones británicas de 1997 y de 2001 han sido ilustrativas de esta situación. En 1997, el Partido Conservador hizo de la reducción de impuestos el elemento clave de su campaña electoral, mientras que el Partido Laborista se comprometió a expandir el gasto social (prometiendo, por ejemplo, reducir el número de pacientes en las listas de espera del Servicio Nacional de Sanidad y el tamaño de las clases de la escuela primaria pasando de 35 alumnos por clase a 30 o menos). El Partido Laborista ganó aquellas elecciones, pero durante los primeros dos años no aumentó los impuestos ni el porcentaje del gasto público social sobre el PIB, sino que mantuvo el porcentaje heredado del Gobierno conservador. Estas medidas impidieron la realización de sus promesas de mejorar los servicios públicos, lo cual llevó a su deterioro creando protestas generalizadas, y muy en particular entre las bases tradicionales del Partido Laborista, que vieron empeorar rápidamente las escuelas, los centros de salud, los hospitales, los transportes públicos y otros servicios públicos. Es más, las desigualdades de renta aumentaron de una manera muy acentuada, y Gran Bretaña es hoy el país que después de EE UU tiene mayores desigualdades sociales.

Según el conocido y prestigioso Townsend Research Center, durante el Gobierno de Blair los indicadores de salud mejoraron en las familias de rentas superiores, pero empeoraron en las de renta inferior. Tales protestas populares forzaron un cambio del Partido Laborista, que aumentó el gasto público en su último año de gobierno y prometió que en caso de ser reelegido aumentaría todavía más el gasto público social hasta converger con el promedio de gasto social de la UE. Su eslogan en la campaña fue 'fundar escuelas y hospitales como primera prioridad'. Los conservadores, en cambio, continuaron su demanda de recortar los impuestos, tomando el recorte de impuestos del Gobierno estadounidense de Bush (donde el 1% de la población obtendrá el 45% de beneficios) como modelo, y frente al deterioro de los servicios del sector público propusieron facilitar su privatización. Los conservadores perdieron de nuevo. Los laboristas ganaron, a pesar de un gran desencanto con el Gobierno laborista de Blair, que explica la mayor abstención electoral desde 1918 (más del 40% del electorado), desencanto mayor entre sus bases tradicionales, como la clase trabajadora, de la que se abstuvo el 53%. Entre los jóvenes, fue el 62%, el dato más alto registrado nunca. Los que vieron un aumento más notable de su voto (los grandes vencedores a juicio del Financial Times) fueron los Liberal Demócratas, que durante los cuatro años de Gobierno laborista habían criticado las políticas de austeridad social del Gobierno de Blair y que exigían lamejora de los servicios públicos a costa de un aumento de los impuestos. Fue también el más votado entre los jóvenes.

A la luz de estos hechos, es importante analizar la relevancia de estos hechos en España, donde el gasto social, como porcentaje del PIB, ha ido disminuyendo desde 1994. En 1996, el partido conservador (PP) ganó las elecciones, y continuó el descenso del gasto público social iniciado durante el Gobierno socialista a fin de alcanzar un déficit público cero, objetivo compartido por el PSOE, cuyo grupo económico, procedente en su mayoría de los centros de estudios del Banco de España, puso el control de la inflación como su objetivo prioritario y criticaba más al Gobierno conservador por el descontrol de la inflación que por el deterioro de los servicios públicos. En el año 2000, el PSOE prometió un aumento muy notable del gasto social a la vez que se comprometía (como lo hizo Blair en 1997) a no aumentar los impuestos y a mantener el porcentaje de gasto público que tenía el Gobierno conservador, con lo cual se imposibilitaba en la práctica la posibilidad de alcanzar el promedio de gasto social de la UE, hecho que permitió al Gobierno conservador presentar sus políticas económicas y sociales como las únicas posibles.

Desde entonces hemos podido ver que el debate fiscal entre los dos partidos mayoritarios ha sido quién bajaba más los impuestos, y ha llegado a su extremo cuando el grupo económico socialista ha propuesto eliminar la progresividad formal del impuesto sobre la renta proponiendo un tipo único. Este hecho ha supuesto una torpeza no sólo económica, sino política, puesto que ha hecho al PSOE vulnerable a la crítica del PP de haber abandonado la progresividad fiscal, lo cual permite al Gobierno conservador presentarse como el defensor de la progresividad fiscal, y ello a pesar de ser el Gobierno que ha presidido una mayor reducción del gasto social como porcentaje del PIB desde la democracia.

Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la UPF.