Mafias

Uno de los argumentos más utilizados por el Gobierno para justificar su Ley de Extranjería fue la necesidad de disponer de un instrumento eficaz contra las mafias que trafican con inmigrantes. Se trata de un argumento irreprochable, pero que no es privativo de la filosofía de la actual legislación. La lucha contra el tráfico ilegal de personas ha sido también un objetivo preferente de las sucesivas normas sobre inmigración que han estado vigentes en España desde 1985. A pesar de las distintas leyes y de los cambios legislativos, las mafias dedicadas al tráfico ilegal de inmigrantes no han dejado de aumentar.

En los cinco meses que lleva en vigor la ley actual, el número de detenidos por traficar con inmigrantes casi se ha duplicado respecto al mismo periodo del año anterior. Ello significa que la eficacia policial ha mejorado, pero también que las mafias han aumentado al ritmo creciente de inmigrantes que pugnan por entrar en Europa jugándose la vida en las aguas del Estrecho y de Canarias. La mayor vigilancia en estas aguas no basta para parar el flujo migratorio, aunque sí para descubrir pateras y detener inmigrantes cada vez en mayor número. Sin embargo, no en el suficiente para impedir que muchos se escabullan a través de los montes y los campos hasta que son aprehendidos por la Guardia Civil o logran escaparse definitivamente.

La actividad ascendente de la delincuencia organizada que trafica con inmigrantes y el descaro con que actúa constituyen un problema que merece la máxima atención del Gobierno y, desde luego, de las fuerzas de seguridad del Estado. La ley tiene que aplicarse con el máximo rigor a quienes, como ha sucedido en El Ejido, mantenían secuestrados a 24 inmigrantes sin papeles a cambio del pago de un rescate, tras haberlos introducido ilegalmente en territorio español.

La lucha eficaz contra ese tipo de delincuencia exige la colaboración de los países de origen del inmigrante. Pero tal colaboración o no existe o es manifiestamente escasa. Mientras el Gobierno se esfuerza, con los argumentos diplomáticos y económicos que tiene a su alcance, en conseguir esta colaboración, no puede permitir que el tráfico ilegal de inmigrantes se fomente desde territorio español. Además del Código Penal, que castiga severamente el tráfico ilegal de personas, la Ley de Extranjería garantiza la regularización y el permiso de residencia al inmigrante que denuncie al traficante del que haya sido víctima. Al menos el 10% de las detenciones se debe a esta colaboración. Hay que potenciarla, porque da la impresión de que esta vía no está suficientemente explotada y que las víctimas del tráfico ilegal se inhiben por miedo a que las autoridades conozcan su situación irregular.