Los socialistas pactaron con los sindicatos en 1992 una norma sobre paros pero decayó al convocarse elecciones

Si el Gobierno hiciera caso a la propuesta del PSOE y remitiera una ley de huelga al Congreso de los Diputados, ese proyecto sería el segundo que debatiría el Parlamento. A principios de 1992, el Gobierno de Felipe González envió, sin antes pactarlo con los agentes sociales, un proyecto de ley de huelga que animó un poco más las difíciles relaciones del Ejecutivo socialista con las centrales sindicales. Le hicieron la segunda huelga general el 28 de mayo de aquel año. Fue sólo de media jornada y tuvo un seguimiento menos masivo que la huelga general del 14 de diciembre de 1988.

Al día siguiente, el Grupo Parlamentario Socialista, controlado entonces por el sector guerrista del partido, decidió recuperar las relaciones con los sindicatos y pactar la ley de huelga. El PSOE pretendió que si el 14-D había supuesto el divorcio entre el partido y el sindicato UGT, el 28-M era un buen momento para recomponer las relaciones, en ese momento con ambas centrales, pues las dos seguían a pies juntillas la unidad de acción sindical.

El Grupo Socialista y las centrales pactaron, por la vía de las enmiendas, una nueva ley de huelga que levantó las más airadas protestas de la patronal CEOE, de la banca y del minoritario sector del PSOE que entonces encabezaba el ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, quien sí tenía mucha influencia en el Ejecutivo.

Los protagonistas de aquellas negociaciones fueron los diputados socialistas Eduardo Martín Toval, José María Benegas, José Barrionuevo y Francisco Fernández Marugán, los sindicalistas de UGT José María Zufiaur y Apolinar Rodríguez y los de CC OO Agustín Moreno y José María Fidalgo. Por parte del Gobierno participó el entonces ministro de Trabajo, Luis Martínez Noval, a quien se alineaba con las tesis del guerrismo.

Felipe González, según los testimonios que recoge la hemeroteca, intentó evitar declaraciones públicas a favor del nuevo texto del proyecto de ley de huelga. Sí se felicitó porque hubiera un acuerdo con los sindicatos.

La ley pactada pasó al Senado, donde el PSOE sólo incorporó pequeñas enmiendas técnicas y rechazó las presentadas por la oposición. Volvió al Congreso y sólo faltaba que, a finales de abril, fuera ratificada por el pleno para convertirse en ley.

No dio tiempo. El 12 de abril de 1993, Felipe González disolvió las Cámaras y convocó elecciones para el 6 de junio. Después de las elecciones, y con una mayoría que requería del apoyo de los nacionalistas catalanes, más proclives a comprender los argumentos de los empresarios, ni el Gobierno, ni los sindicatos, ni el Grupo Parlamentario Socialista, en el que empezaron a oírse voces distintas a las del guerrismo, desempolvaron aquel proyecto de ley.

Después de aquéllo, el único intento de regulación del derecho de huelga fue el acuerdo alcanzado en 1996 entre sindicatos y patronal, apadrinado por el último Ejecutivo del PSOE, para incorporar la mediación obligatoria antes de declarar una huelga. Ese arbitraje no lo han asumido los sindicatos corporativos y ahora lo reclama el PSOE.