El PSOE reclama una ley de huelga que impida 'tomar a los ciudadanos como rehenes'

Sólo un día después de que el secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, pusiera en marcha la 'redefinición ideológica' de ese partido, su responsable de Economía, Jordi Sevilla, abrió otra caja de los truenos: la ley de huelga, un proyecto que el PSOE intentó sacar adelante en 1992, pero decayó en 1993.

Jordi Sevilla le dijo al Gobierno que 'la sociedad no puede estar en manos de colectivos reducidos que ejercen su derecho de huelga por la vía de tomar como rehenes a ciudadanos indefensos'. Según Sevilla, la regulación actual es 'válida' para la mayor parte de los sectores, es decir, para aquellos en los que las negociaciones están en manos de 'sindicatos mayoritarios', pero no para aquellos en los que los trabajadores tienen una 'representación corporativa que hace que la huelga la paguen los usuarios'.

El responsable de Economía del PSOE emplazó al Ejecutivo a elaborar y consensuar con partidos y agentes sociales una ley que supere la situación actual, en la que la huelga está regulada por un decreto de 1977. Ese decreto está modulado por varias sentencias del Tribunal Constitucional, por el Estatuto de los Trabajadores e, incluso, por el Código Penal, que prevé penas de hasta tres años de cárcel tanto para los que impidan la realización del derecho de huelga como para quienes 'coaccionen' a otros para que hagan huelga.

Sevilla le dijo ayer al Ejecutivo que 'si no propone esa ley, tendrá que hacerlo el PSOE'. Subrayó que esa nueva norma debe contemplar, entre otros aspectos, el 'arbitraje obligatorio' en caso de conflicto. La mediación obligatoria fue asumida por los dos principales sindicatos, UGT y CC OO, la patronal CEOE y el Ejecutivo en 1996, siendo el socialista José Antonio Griñán ministro de Trabajo. En aquellas fechas, el entonces portavoz de Economía del PP, Rodrigo Rato, aplaudió ese acuerdo.

Suficiente, pero mejorable El Gobierno no ve ahora necesario modificar la legislación del derecho de huelga. 'La actual regulación es suficiente, no digo que no sea mejorable, pero es suficiente', respondió el ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio. Su subsecretario, Marino Díaz Guerra, añadió que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha 'validado la constitucionalidad' del decreto de 1977 y ha dejado claro tres normas básicas que deben cumplirse en una huelga: la autoridad gubernativa debe fijar los servicios mínimos, darlos a conocer con anticipación y exigir su cumplimiento. Y recordar que incumplir esos servicios mínimos conlleva sanciones que pueden llegar al despido.

Esto, según el subsecretario de Trabajo, es lo que ha fallado en la huelga de autocares en Baleares. Trabajo no cree tampoco que haya una escasa regulación de las denominadas huelgas de celo. 'No son huelgas si no se convocan', subraya. Añade que ahí la norma aplicable es la que exige al trabajador cumplir con su trabajo.

Sin embargo, el diputado del PP Vicente Martínez Pujalte, portavoz de Economía del Grupo Popular en el Congreso, sí 'entiende que hay que mejorar la regulación del derecho de huelga'. Martínez Pujalte recuerda que 'los sindicatos grandes reclamaron la autoregulación' de este derecho y, 'en líneas generales, lo cumplen'. El problema, añade, son 'los grupos más pequeños y corporativos que parece que hacen huelga contra la sociedad en vez de hacerla contra la empresa'. Pujalte cree que la huelga de los pilotos del SEPLA es un ejemplo de esta actuación 'contra la sociedad'. Este diputado popular defiende, como Jordi Sevilla, que esa 'mejora' de la regulación de la huelga se pacte con los agentes sociales y los partidos.

Desde CiU, el diputado Carles Campuzano subraya que 'en España no existe una ley reguladora del derecho de huelga', ve la actual regulación 'muy deficiente' y subraya la 'necesidad de evitar que haya situaciones en las que determinados trabajadores en una suerte de monopolio de oferta perjudiquen al conjunto de la ciudadanía'. Campuzano sugiere recuperar el proyecto de ley que elaboró el PSOE en 1992 y empezar a trabajarlo', pero insiste en que 'esa iniciativa debe de ser del Gobierno, no de los grupos parlamentarios'.

Barbaridad A Izquierda Unida, en cambio, que se reabra el debate de la ley de huelga le parece 'una barbaridad'. Felipe Alcaraz, portavoz parlamentario de IU, mantiene que es 'malo' iniciar los debates sobre un cambio legal 'al calor' de un determinado suceso, que en este caso sería el caos en el sector turístico de Baleares provocado primero por los pilotos del SEPLA y después por la huelga de los conductores de autocares de servicio discrecional. 'Que se aproveche este calor en contra de la huelga, alentado por el Gobierno central en contra del Ejecutivo de Baleares, sería brutal', mantiene Alcaraz. 'Y que el PSOE se sume es además incomprensible, salvo que lo que intente es saltar de la socialdemocracia al socialliberalismo', concluye. Según Alcaraz, la prioridad ahora es ver cómo queda la regulación de la negociación colectiva, con 'la que el Gobierno quiere borrar los derechos consolidados de los trabajadores'.

El secretario de Acción Sindical de Comisiones Obreras, Fernando Puig, tampoco cree que éste sea el 'mejor momento' para hablar de la regulación del derecho de huelga. Pero 'una vez se despejen las cuestiones pendientes', es decir, la negociación colectiva, CC OO 'no pondría resistencias a una negociación que ya emprendió en 1992'. Puig subraya que aquella norma no salió adelante 'porque fue torpedeada desde otros sectores'.