El Gobierno aporta menos del 1% del coste de aplicar la Ley del Menor

El titular de Asuntos Sociales calcula que, en el primer año de funcionamiento de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, la Administración autonómica tendrá que aportar 23.723 millones de pesetas para habilitar todos los recursos necesarios. Una cantidad que significa casi un 25% del presupuesto total de Asuntos Sociales.

En una respuesta ofrecida a las parlamentarias socialistas Carmen Peñalver e Isabel Flores, el consejero asegura que la única aportación remitida por el Gobierno a la Junta es de 106 millones de pesetas, apenas un 0,04% del total de la inversión. Pérez Saldaña cree que las reformas legislativas aprobadas por el PP 'lejos de acceder a las demandas de las comunidades, han complicado aún más el panorama'.

La Consejería de Asuntos Sociales ha remitido a los Ministerios de Administraciones Públicas y de Trabajo y Asuntos Sociales varios escritos solicitándole su ayuda económica para la aplicación de la Ley del Menor en la comunidad. La última carta enviada fue el pasado 19 de marzo, pero el consejero lamenta el silencio obtenido del Ejecutivo de Aznar. 'Aunque sólo sea por lealtad constitucional, el Estado tiene que transferir a las comunidades autónomas los medios económicos necesarios para poner a disposición de los menores de estos recursos', añade Pérez Saldaña.

En su respuesta, recuerda que el Ejecutivo andaluz ha invertido más de 20.000 millones de pesetas en la dotación de centros para menores y jóvenes infractores, otros 1.188 millones en medidas alternativas al internamiento, 1.570 millones en la reorganización de la estructura administrativa y otras cantidades menores en los programas de reinserción y el seguro de responsabilidad civil. Esta cifra supera notablemente las previsiones de la Consejería de Asuntos Sociales, que calculaba en octubre una inversión cercana a los 14.000 millones de pesetas, a los que habría que añadir lo destinado por el departamento de Justicia.

Pérez Saldaña llega a alertar incluso de problemas serios en un futuro cercano: 'La trascendencia de algunas leyes debe verse reflejada con un apoyo económico acorde a la misma, si no queremos que, dada la imposibilidad material de asumir toda la responsabilidad económica en exclusiva por parte de la comunidad, sea el ciudadano el que en último extremo resulte perjudicado'.

A su juicio, la modificación que el Gobierno central ha hecho de las competencias que las comunidades autónomas tienen en materia de menores 'incide de manera trascendental en la capacidad financiera' de las autonomías y 'deja a su total responsabilidad la misma'.