Camino de La Haya

En la cárcel de Belgrado desde abril, Slobodan Milosevic se encuentra más cerca de rendir cuentas por sus pavorosos crímenes contra la humanidad ante el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, en La Haya. Lo que parecía imposible hace unos pocos meses puede cumplirse en cuestión de días. El Gobierno democrático ha dictado un decreto que debería permitir que Milosevic y otros criminales de guerra serbios sean juzgados por la justicia internacional. Diez años después de que empezara la violenta desmembración del país de Tito, ver en La Haya a uno de los que más usaron de la violencia en beneficio propio producirá una intensa satisfacción moral, para sus víctimas e incluso para las potencias occidentales que en su día le apoyaron y convirtieron en parte de la solución para el acuerdo de Dayton sobre Bosnia.

No ha sido fácil. El Gobierno, uno de cuyos ministros montenegrinos votó en contra, ha optado por un decreto ante la falta de mayoría en el Parlamento para permitir este tipo de extradiciones. Pero los abogados de Milosevic intentan demostrar su inconstitucionalidad, y la situación se puede complicar. Ayer mismo, miles de ciudadanos pro-Milosevic se manifestaron en Belgrado contra la extradición. El presidente Kostunica declaró que aunque no le satisfacía el Tribunal de La Haya, había que acomodarse a sus exigencias. A nadie se le esconde que Kostunica se ha rendido a las presiones de la comunidad internacional, que exigía este gesto antes de la conferencia de donantes que el próximo viernes debería desbloquear 1.200 millones de dólares de ayuda a lo que queda de una maltrecha Federación Yugoslava. El primer ministro, Djindjic, que acabará compitiendo por el poder con Kostunica, estaba mucho más convencido de la necesidad de poner a Milosevic a disposición del Tribunal de La Haya, y, a la vez, conseguir ayuda financiera internacional que contribuya a mejorar la vida de unos ciudadanos castigados.

Un acierto de Djindjic está siendo el uso de la televisión para difundir imágenes e información sobre los crímenes cometidos por Milosevic y su régimen a una población que, en una parte importante, vivía pretendiendo desconocer esta realidad. Levantar este velo de ignorancia puede ayudar a asentar la democracia en el país. La policía secreta ha prometido hacer públicos los archivos del régimen, aunque, al parecer, Milosevic ya ha eliminado pruebas esenciales de sus crímenes.

Si Belgrado lo entrega a La Haya, Milosevic se convertirá no sólo en el pez más gordo, sino en el primer pez gordo que iría al TPI. Sería la ocasión para reforzar los medios de un tribunal cuyas instrucciones judiciales vienen tardando unos tres años por término medio. Detrás de Milosevic acabarán llegando otros criminales de todas las partes en conflicto. Cuando la supervivencia de Macedonia está en entredicho, y se intenta evitar lo que sería una nueva guerra balcánica, ver a Milosevic entre barrotes en La Haya serviría de aviso de que estos criminales acaban teniendo que rendir cuentas. La impunidad empieza a ser cosa del pasado.