Las instituciones vascas defienden hoy en Luxemburgo la ayuda a Daewoo y Ramondín

La polémica cuestión de los incentivos fiscales vascos a la inversión llegan hoy al Tribunal de Justicia Europeo, con sede en Luxemburgo, que estudiará los recursos de las instituciones vascas y las empresas efectadas contra la resolución de la Comisión Europea en los casos Daewoo y Ramondín. El Gobierno vasco, la Diputación de Álava y ambas empresas defenderán en una vista oral su postura contraria al criterio de la Comisión Europea (CE), que anuló gran parte de las subvenciones otorgadas a las compañías coreana y riojana por instalarse en Álava, al considerarar que se superó el tope de ayudas autorizado y que algunas de las concedidas eran ilegales por alterar la libre competencia.

De forma independiente, pero con el mismo trasfondo, la CE dictó dos resoluciones en febrero y diciembre de 1999. Por la primera obligó a la empresa coreana Daewoo a devolver 658 millones de los 3.025 que había recibido dl Gobierno vasco por instalar una planta de frigoríficos en las afueras de Vitoria; además, anuló los cuantiosos beneficios fiscales adicionales otorgados por la Diputación alavesa. Posteriormente, la Comisión hizo lo propio con las ayudas similares a Ramondín, líder mundial en la fabricación de cápsulas para botellas, por trasladar su planta de Logroño a Laguardia.

Las instituciones vascas recurrieron ambos casos ante el Tribunal de las Comunidades Europeas, que hoy escuchará sus argumentos y los de la Comisióndrán sus argumentos. El fallo, que no se espera antes de fin de año, podrá ser recurrido también, ya que se trata de un tribunal de primera instancia. Al juicio acudirán hoy representantes del Gobierno vasco, la Diputación alavesa y también, aunque no están directamente afectadas, las de Vizcaya y Guipúzcoa. Estos dos casos llevaron a la Dirección de la Competencia de Bruselas a iniciar una investigación general sobre los incentivos fiscales vascos para captar nuevas inversiones, que sigue abierto a pesar de que los beneficios más polémicos han quedado derogados en virtud de la paz fiscal firmada con el Gobierno central el año pasado.