El guirigay en las cajas

Hace más de dos años que comenzó el proceso de regulación de las cajas andaluzas. Hasta aquella fecha, dada la ausencia de una regulación específica de la Comunidad Autónoma, las cajas andaluzas seguían regulándose por la normativa estatal, heredera de los tiempos en los que las cajas eran instituciones cuasi rurales al servicio de las clases pudientes de cada provincia. De facto el sistema franquista de cajas funcionaba de la siguiente forma: los Ayuntamientos o las Diputaciones, formados por personas designadas a dedo por el régimen, nombraban a los máximos dirigentes de cada caja entre los empresarios, terratenientes y altos funcionarios adictos al régimen y, para darle cierto tufillo populista, además se seleccionaba por sorteo entre los depositantes la mayor parte de sus órganos de gobierno. El resultado era que un pequeño grupito de pudientes, al mando de un rosario de personas con escasa o nula cualificación y sin capacidad de organización, se encargaba de repartir los préstamos entre los amigos sobre la base de los ahorros de las clases populares. En definitiva, un mecanismo más del sistema de explotación tejido por la dictadura, en este caso mediante la manipulación del ahorro.

Evidentemente, el sistema cambió con la democracia ya que con ella los concejales fueron elegidos por el pueblo y las clases pudientes perdieron el control de las cajas y de los préstamos. Además, para introducir criterios de profesionalidad bancaria se permitió abrir oficinas fuera de la provincia sede de la caja, con lo que las cajas se vieron forzadas a competir entre sí. Así, a medida que se fueron abriendo oficinas de otras cajas se fue apreciando la capacidad gestora de los responsables de cada caja. Dando como resultado que, a fecha de hoy, hay cajas en clara expansión como La Caixa o Caja Madrid y otras como las andaluzas que han sido incapaces incluso de defender las posiciones en su provincia.

En Andalucía, en un primer momento y tras el desplazamiento de las antiguas élites provinciales, se implantó una nueva política de préstamos para que el ahorro revirtiera a las clases populares y ya a primeros de los noventa se produjeron los primeros procesos de fusión como mecanismo de defensa frente a las cajas en expansión. No obstante, pronto se pudo advertir que el proceso era insuficiente para la defensa y que en algunos casos las fusiones habían respondido no a la estrategia de las cajas sino a garantizar la permanencia de sus presidentes, que encontraron en las fusiones un mecanismo para evitar la limitación de mandatos que imponía la ley estatal.

Este uso personal de las cajas por parte de algunos presidentes, unido a las dificultades de aplicación de políticas por parte de la Junta de Andalucía con motivo de la 'pinza PP-IU', alimentó, a mediados de los noventa, la ausencia de una estrategia para las cajas, que en muchos casos pasaron a ser cotos privados de los propios presidentes. Así, estos percibieron que el todavía vigente sistema de nombramiento de representantes en las cajas, con mayoría de depositantes seleccionados por sorteo, les permitía controlar las cajas al margen de las instituciones. Bastaba con poner unas buenas dietas de asistencia a los órganos de gobierno y con ofrecer algunos préstamos a tipo preferencial, para que los representantes de los depositantes hiciesen una piña alrededor del presidente de turno, lo que unido a la escasa preparación de muchos de los representantes locales y la dependencia de las propias instituciones que los nombraron de los préstamos de la caja, dejaba al presidente en una posición de dominio personal de la misma.

En definitiva, el resultado era que, a finales de los noventa, la mayoría de las cajas andaluzas habían perdido cualquier criterio estratégico bancario, sus órganos de dirección no respondían a directrices de política económica y tenían una evidente carencia de preparación que dejaba en manos de los técnicos nombrados a propuesta del presidente de turno todo el control de la caja. De hecho, ha sido esta situación la que ha llevado a que, por ejemplo, los técnicos tengan unos contratos blindados milmillonarios, a que haya ayuntamientos endeudados hasta el extremo, con la caja en cuyos órganos tienen representación, y a que haya cajas con una concentración de inversiones en terrenos descomunales. Situación esta última que se puede calificar de indecente, sobre todo si se tiene en cuenta que invertir en terrenos, además de ser una actividad especulativa al margen del tradicional negocio bancario, es totalmente improductiva y no generadora de empleo.

Evidentemente, esta situación era insostenible, de ahí que fuera imprescindible regular desde el Parlamento de Andalucía las cajas y modificar sus órganos de gobierno para introducir racionalidad económica y de gestión en los mismos. No obstante, la misión era tremendamente difícil, ya que al no disponer el PSOE de mayoría absoluta quedaba al albur de los socios de gobierno, el PA, que a su vez se encontraban muy afectados en la Caja San Fernando. Ello daba capacidad de maniobra a los presidentes de las cajas para poder incidir en el poder legislativo y defender sus intereses, dando paso así a un guirigay como el que se ha producido, que era en definitiva lo que más les beneficiaba para seguir en su puesto y con su sueldo.

Así, a estas alturas nos encontramos con un PA completamente desarbolado que hoy afirma una cosa y mañana otra, una IU que tuvo su oportunidad de ser la pieza clave y se dejó convencer por algún que otro presidente de caja, un PP histérico, para el que todo vale, y un PSOE que ha tardado en convencerse de que al final es imposible una solución pactada y no hay otra solución que imponer el cumplimiento de la ley.

No obstante, si algo hay que destacar para el que firma es el cinismo político de los líderes del PP. Primero, del propio Aznar, que se columpió intentando dejar sin efecto la Ley de Cajas recurriéndola al constitucional y perdiendo la suspensión cautelar. Después del señor Arenas que incapaz de asumir haber perdido dos elecciones ante Chaves y se presenta en Andalucía para hablar de no se sabe qué corruptelas, cuando debería esconder la cara porque su Gobierno tiene como loco al fiscal general del Estado para evitar que el ministro Piqué dé explicaciones ante el Tribunal Supremo de los 20.000 millones de pesetas que se perdieron por el camino de la venta de Ertoil y los 8.000 millones que se pagaron de comisiones. Después, la señora Martínez, presidenta del PP andaluz y perdedora de las últimas elecciones autonómicas, que tiene el récord andaluz de ruptura de acuerdos y le da lo mismo que su firma no valga nada (no es extraño que los andaluces desconfíen de la palabra de quien no cumple lo que firma). Después, el señor Sanz, también especialista en perder recursos referidos a las cajas, ya van tres, que se permite hablar de fascismo sin hacer la cuenta de cuántos de sus compañeros actuales guardan aún el carnet del Movimiento y sin reparar en que es su presidente Aznar el que coquetea con los gobiernos austríaco e italiano donde se sientan neofascistas, etcétera. Todo ello sin que hasta la fecha se le conozca al PP que es lo que pretende del sistema financiero andaluz.

Con este filibusterismo político del PP, amparado por alguna que otra tendencia chantajista de pirómanos de la política, a quien por sus hechos y por lo que cobran se les conoce, la verdad es que es difícil acabar con el guirigay y llevar las cajas andaluzas al estatus que les corresponde. No obstante, si conseguimos que de una vez por todas se cumpla la ley y que los próximos representantes en las cajas tengan la cualificación y la relevancia necesaria, probablemente en breve plazo estaremos hablando de otras cosas.

Luis Ángel Hierro es profesor y diputado socialista en el Parlamento de Andalucía