Cardenal también decidirá sobre la posible imputación del ministro Matas

El informe entró el pasado jueves en la Fiscalía General del Estado, según confirmaron a este periódico fuentes de la propia fiscalía, y fue trasladado para su examen a la Secretaría Técnica. Matas y Estarás, los dos aforados, han comparecido este mes de junio en la comisión del Parlamento balear que examina las responsabilidades políticas del supuesto escándalo.

En la documentación aportada a Cardenal por el fiscal del caso, Antonio Torres, a través del fiscal jefe de Baleares, Antonio de Vicente Tutor, que asume la tesis del acusador, se señalan hasta tres posibles delitos: delito electoral, falsedad documental y malversación de caudales públicos. El asunto lleva dos años de instrucción en Ibiza a cargo del juez José Espinosa, a raíz de una denuncia inicial centrada en un delito electoral.

Para los fiscales de Baleares, el delito electoral consistiría en atentar contra los derechos y garantías de la Ley de Régimen Electoral General, en el proceso de censo y emisión de voto de ciudadanos desconocidos y desarraigados de Formentera. En las elecciones autonómicas pasadas se registraron 79 votos de residentes ausentes que pidieron ejercer su voto en Formentera, donde se disputaba un escaño clave para la futura formación de Gobierno. El delito de malversación se fijaría en las contrataciones públicas como agentes comerciales y las subvenciones con dinero del presupuesto público de viajes de emisarios a Argentina que trabajaron como actores electorales a favor del PP. Y finalmente se establece la supuesta falsedad simple en una prueba de selección de una de las personas que censaron emigrantes para votar en Formentera. Esa persona nunca compareció a la cita de selección.

Ante los indicios de participación en los hechos de los dos aforados, el fiscal jefe de Baleares, Antonio de Vicente Tutor, preparó un escrito de inhibición en favor de la jurisdicción del Tribunal Supremo, cuya presentación depende ahora de la decisión de Jesús Cardenal.

Matas era presidente de Baleares y cabeza de lista del PP en 1999, y Rosa Estarás, ahora diputada nacional, ocupaba el cargo de consejera de Presidencia, encargada de la emigración.En apariencia, el Gobierno de Matas tramó una estrategia, descrita por sus asesores con textos en la causa judicial, para explotar 'una bolsa de votos para el PP' en Baleares desde Lationamérica.

El escándalo se destapó en plena campaña de 1999, al detectarse una concentración excesiva de votos de emigrantes por correo localizada en el censo de Formentera. La inscripción de residentes ausentes correspondían a emigrantes de Argentina supuestamente ajenos a la isla balear.

La concentración de votos -72 de los 74 emigrantes votaron a la Agrupación Popular Independiente, aliada del PP- obedecía a un posible deseo de favorecer a la lista de Matas. El escaño de oro de Formentera tiene un peso determinante en la mayoría de Baleares, dada la tradicional igualdad entre la derecha y la suma de la izquierda en el Parlamento de Baleares. El escaño, aun así, se inclinó a la izquierda, y Matas, por dos diputados, perdió el Gobierno balear.