¿Quién paga la autopista?

En Cataluña son los usuarios quienes pagan, en parte, las autopistas. En sí misma, ésta no es una situación negativa o rara. De hecho, y con todos los matices que se quiera, es la situación óptima desde el punto de vista de la Unión Europea y de la mayoría de los países desarrollados. Parece lógico, en efecto, que quienes usan un servicio paguen por él, sobre todo teniendo en cuenta que el vehículo privado tiene unos costes añadidos de conservación de las vías y ambientales que repercuten en todos.

En cambio, en el resto de España, pero tampoco en todas las comunidades -no simplifiquemos-, paga las autopistas la hacienda pública que, como bien indica la publicidad, 'somos todos', incluidos quienes ya pagamos las nuestras mediante peaje. Este sistema tiene cada día menos defensores. Creemos en un modelo de crecimiento sostenible que dé prioridad al transporte público y en sistemas de financiación de las infraestructuras con participación del sector privado que garanticen un desarrollo social y económico justo y eficiente.

En el resto de España paga las autopistas la hacienda pública, que 'somos todos', incluidos los ya las pagamos mediante peaje, pero este sistema tiene cada día menos defensores

Pero, además, este planteamiento dual roza el absurdo y la injusticia cuando se plantea en una sociedad como la española, que tiene un tratamiento fiscal, en cuanto a obligaciones, homogéneo, y en esta línea iba la propuesta unitaria del Parlament de Catalunya. Una propuesta razonable, razonada y acordada por todos los representantes de nuestra ciudadanía que fue defendida, brillantemente por cierto, por la diputada socialista Montserrat Tura, entre otros.

Como dice el alcalde de Mataró, también socialista: 'La ronda de Mataró es gratuita y la carretera se continúa colapsando'. ¿A qué responde, pues, la airada reacción de algunos diputados como Joaquim Nadal que, en este diario, se despachaba a gusto contra el Gobierno de la Generalitat y su conseller en cap como presunto culpable de que no prosperase la propuesta del Parlament de crear un fondo para el rescate selectivo de peajes en Cataluña? ¿Es que cuando ganamos algo en Madrid como consecuencia de una propuesta unánime del Parlament, usted, señor Nadal, dice que es un éxito del Gobierno de CiU?

Deberían ser conscientes de que lo que están haciendo es poner palos en las ruedas de la tan cacareada unidad de acción, dinamitando las posibilidades de que este y otros asuntos que tienen una trascendencia de país y que, por tanto, deberían apartarse de la lucha partidista, puedan prosperar.

De lo único malo que se podría acusar al Gobierno de la Generalitat, y en este caso a Artur Mas, es de su tozudez en hacerse eco del conjunto de opiniones de los ciudadanos y de la sociedad civil catalana y defenderlas en el Parlament, en el Congreso de los Diputados o donde haga falta y tantas veces como sea necesario.

En Cataluña estamos viviendo un momento espectacular desde el punto de vista de la cartera de proyectos, de ideas, de oportunidades y de ilusiones para afrontar este inicio del milenio y los retos que un mundo más global, más abierto y más interesante nos ofrece. Algunos lo han comparado con el que se vivió en este país antes de los Juegos Olímpicos de 1992. Pero si lo analizamos, nos damos cuenta de que multiplicamos por tres los proyectos de aquellos años tanto desde el punto de vista de iniciativas en marcha como de recursos económicos. El presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, habló hace poco de una inversión de casi tres billones de pesetas para el próximo quinquenio en proyectos emblemáticos como la línea 9 del metro, el puerto y el aeropuerto de Barcelona, transporte público, logística, regadíos, el tren de alta velocidad, nuevas carreteras, mejoras en las ciudades. Pero a toda esta lista de grandes proyectos no se sumaban ni los que han presentado tantos ayuntamientos, ni los que el sector privado está llevando a cabo. Y la verdad es que la perspectiva es espectacular.

Además, nos encontramos en un momento clave de negociación con el Estado de la nueva financiación de la Generalitat, y esto no es algo abstracto, es el elemento más palpable del retorno a los ciudadanos de sus impuestos en forma de beneficios sociales y servicios.

Por todo esto, no creo que sea el momento de romper la baraja de la colaboración institucional ni de tener actitudes pusilánimes abandonado las negociaciones a la primera adversidad. Seguramente cuesta reconocer que, a pesar de los pesares, las cosas han mejorando mucho en un asunto a priori tan complicado como el de los peajes, y que pueden mejorar aún más. Seguramente cuesta también reconocer el momento dulce que vivimos en Cataluña en lo que se refiere a impulso inversor, a empuje, a ilusión, a bienestar, cuando no se es tan protagonista como se querría. De todas maneras, nuestra lucha sigue tozuda e insensible al desaliento porque es una lucha por el beneficio de todos y, en ella, sigue teniendo cabida la colaboración de todos.

Josep A. Grau i Reinés es secretario general del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas y delegado del Gobierno de la Generalitat ante las concesionarias de autopistas.