Perversa realidad

El asesinato de un abogado en su domicilio de Pozuelo de Alarcón (Madrid), ocurrido en la madrugada del jueves pasado, ha sacudido a la opinión pública de nuestro país no sólo por su muerte, sino por la extrema brutalidad del asalto, que afectó a la esposa y a las hijas de la víctima. Aquélla resultó herida de gravedad y éstas sufrieron diversas agresiones.

La vesania con que actuó el individuo detenido por la policía, y al que acusan de lo ocurrido, dibujó un cuadro de horror que ha sido primera página en casi todos los periódicos

En medio del furor informativo -legítimo, por supuesto- que despierta un acontecimiento de estas proporciones surge un dato que aumenta, si cabe, la repugnancia: dos de las víctimas eran menores de edad.

El suceso no se explica por completo si no se cuenta algo de lo que le ocurrió a cada uno de los cuatro moradores de la casa, pero la existencia de menores plantea un gravísimo problema ético de complicada solución.

La perversa realidad determinó que el episodio ocurriese pasadas las cuatro de la madrugada del jueves y que durante todo el día acaparase la atención informativa de los medios audiovisuales. Radios y televisiones desmenuzaron lo ocurrido a lo largo de la jornada.

La verdad es que al día siguiente la prensa escrita apenas pudo aportar nada verdaderamente significativo al relato de los hechos.

Para cuando los periódicos salieron, el viernes, se habían visto y oído los escenarios del crimen, muchos pormenores, múltiples testimonios y, sobre todo, se habían conocido los nombres de los protagonistas.

Es posible que algún lector de este periódico haya echado en falta algún dato que pudo conocer el día anterior por otros medios.

El Libro de estilo establece como norma general que 'las informaciones deben personalizarse: la profesión o cargo que desempeña el protagonista de la noticia, su edad, estado civil y demás circunstancias personales son elementos noticiosos de primer orden'.

Pero antes introduce una salvedad para determinados delitos contra la libertad sexual, de forma que no se pueda identificar a las víctimas. Tampoco a los autores de cualquier delito si son menores de edad, y, en consecuencia, es imprescindible aumentar las cautelas si son víctimas.

El Estatuto del Defensor establece que en su columna puede explicar 'cómo se han elaborado las noticias y por qué se tomaron determinadas decisiones'. Este asunto, por su trascendencia, merece esa explicación.

El Defensor ha sabido que se suscitó un largo debate sobre el tratamiento que habría de darse al suceso en el periódico.

El planteamiento más radical propuso que se dieran solamente las iniciales del padre de familia asesinado, como modo más drástico de evitar identificaciones, y sin su fotografía.

Pero de nuevo la perversa realidad puso encima de la mesa la evidencia de que el nombre de la víctima mortal se había difundido a lo largo de 24 horas.

Incluso la publicación de iniciales pudiera haberse entendido, por parte de algún lector, como un extraño intento del periódico para velar la identidad del hombre asesinado.

Se optó, al final, por contar todas sus circunstancias personales, pero sin publicar los apellidos de la esposa herida y mencionando sólo la edad de las hijas, para dejar constancia de que son dos menores, de forma que se evitase, en lo posible, su identificación.

El periódico es consciente, según explica su director adjunto, José María Izquierdo, de que en el círculo más inmediato de la familia -vecinos, amigos, conocidos, compañeros de colegio- la identificación de las víctimas con los pormenores de lo ocurrido a cada una es inevitable y tratar de impedirlo está fuera del alcance del periódico.

El problema, añade, es de futuro: que dentro de cinco, diez o veinte años, cuando se haya olvidado lo ocurrido y se diluya en la memoria colectiva, nadie pueda rastrear en el periódico el nombre y apellidos de alguna de las víctimas ultrajadas por el autor de la masacre.

La reflexión final que puede suscitar este horripilante suceso gira en torno a la necesidad de mantener el máximo rigor en la protección de los menores, cuando no se encienden las alarmas, como ocurrió en esta ocasión, por tratarse de acontecimientos o sucesos sin tanta relevancia.

Disputas caseras

En los últimos meses, y por distintos motivos, el periódico ha recogido en la sección de cartas de los lectores disputas entre algunos de sus colaboradores habituales.

En todas las ocasiones, algún lector ha mostrado su malestar. Como síntesis de esta actitud valga esta carta, recibida el pasado jueves y que firma Ramón Rabuñal desde Lugo:

'La sección de cartas al director debe ser para uso de los lectores, y no para que los articulistas del periódico diriman sus disputas, como anteriormente hicieron Fernando Savater y Eduardo Haro, y actualmente, Javier Marías y Juan Goytisolo. Creo que entre sus columnas periódicas y sus apariciones en otras secciones ya ocupan bastante espacio. Sólo falta que aparezcan en Deportes, sección Lucha Libre'.

Estos episodios pueden tener excepciones, pero el Defensor, oídos otros muchos testimonios, quiere dejar constancia escrita de la opinión de este lector.

Los lectores pueden escribir al Defensor del Lector por carta o correo electrónico (defensor@elpais.es), o telefonearle al número 91 337 78 36.