¿Todos contra Llagostera?

El conflicto de la línea de alta tensión de las Gavarres ejemplifica un tema mucho menos anecdótico que saber quién tiene la culpa de que la Costa Brava se quede sin energía eléctrica unos días este verano. Una compañía privada que controla de forma casi monopolista el mercado eléctrico catalán, Fecsa, afirma sin pudor que por la cerrazón de los responsables municipales de Llagostera y de unos intereses estrictamente particulares y localistas peligra el adecuado servicio público a un conjunto de personas y de intereses infinitamente superior a los que representan Llagostera y su Ayuntamiento. El actual Gobierno de la Generalitat, teóricamente defensor de los intereses generales de Cataluña en su conjunto, concuerda, en palabras de su conseller en cap, con la explicación de la empresa mercantil y pide al municipio de Llagostera la sumisión 'provisional' a expensas de lo que más tarde se decida.

El tema no es nuevo. En las bases de la abstención de ERC en el voto de investidura del Gobierno de Pujol en 1999 ya se hablaba del trazado de las líneas de alta tensión en las Gavarres. La crisis del gobierno local de Cassà de la Selva tiene sus raíces en ese mismo conflicto. Y ahora le toca el turno a Llagostera. La rueda de prensa del portavoz de Fecsa fue un prodigio de manipulación informativa y de malabarismo demagógico. Pero el problema no es de Fecsa, el problema es de quien ejerce el poder político en nombre de la ciudadanía de Cataluña y asiente y consiente que todo ello acontezca.

¿Cuáles son los intereses generales? ¿Quién los defiende? ¿Son la gente de Llagostera y su gobierno local un ejemplo de mezquindad particularista y es Fecsa, con la bendición de CiU, el nuevo paladín de los intereses generales de Cataluña? Permítanme afirmar que si bien todos pueden alegar tener una parte de razón, no puede ya aceptarse una forma de razonar que sólo nos habla del corto plazo y no quiere aceptar que lo que está en juego es otra forma de entender el desarrollo y la calidad de vida de las gentes del país. CiU es hoy una formación política tan trufada de intereses que no se sabe muy bien dónde empieza la política y dónde acaba la cuenta de resultados. Y para confirmarlo, nada mejor que examinar al detalle la trayectoria del actual consejero de Industria y Turismo.

En el otro lado, el alcalde de Llagostera tuvo la ocurrencia de comprometerse ante sus vecinos a que la línea de las Gavarres sólo pasaría por su término municipal si pasaba soterrada. Probablemente su compromiso electoral se basaba en la honesta convicción de que de esta manera servía los intereses generales y superiores de Llagostera, de sus habitantes y de quienes en Cataluña defienden que hay otra manera de encauzar desarrollo y sostenibilidad. De ello hace varios años. Justo ahora, en pleno mes de junio, después que el verano pasado la compañía Fecsa ya tuviera que utilizar varios grupos electrógenos para reforzar el servicio en los momentos álgidos de consumo energético, la empresa intenta arrinconar a Llagostera y ponerla en contra de todo aquel que directa o indirectamente pueda sufrir los anunciados cortes de suministro eléctrico en una de las más importantes zonas turísticas del país. Fecsa tiembla sólo de imaginar que si cede en Llagostera y soterra la línea, ello comportará efectos inmediatos en otras tantas zonas del país. El Gobierno de la Generalitat no duda un momento y aprieta las tuercas asegurando que sólo se trata de una solución 'provisional'.

Vayamos al fondo del asunto. ¿Es tan grave que atraviese tu territorio una línea de alta tensión si todo su trazado y tendido respetan toda la legislación vigente y cumple con creces las medidas de seguridad que la legislación establece? ¿No es exagerado llevar al extremo el principio de precaución y negarse al trazado sólo porque existen dudas sobre los problemas de salud que generan ese tipo de instalaciones? Una vez más, ¿quién tiene razón?, ¿quién defiende mejor los intereses generales? Desde mi punto de vista, nos quieren dar gato por liebre. Es mentira afirmar que o se culmina el trazado o no hay más solución que los cortes de energía. ¿No es posible replantearse las bases actuales del consumo energético? ¿No puede la Generalitat ayudar a buscar mecanismos para reducir el consumo? ¿No existen alternativas técnicas para que los cortes no sean absolutamente necesarios? ¿No podemos exigir ese mínimo esfuerzo a una empresa que controla de forma monopolista un servicio público? Por otra parte, las dudas acerca de los efectos sobre la salud de esos trazados son razonables y vienen avaladas por multitud de informes y estudios en ese sentido, que si bien no son concluyentes, arrojan dudas significativas que no conviene obviar. El problema del coste del soterramiento y sus efectos como precedente no parecen suficientes en momentos en que se procede a soterrar líneas ferroviarias y vías urbanas de alta densidad de tráfico, o cuando se habla de polución lumínica o sonora. En definitiva, no podemos aceptar que Llagostera pase a percibirse como una especie de sindicato de pilotos aéreos que sólo mira sus conveniencias particulares prescindiendo de las necesidades sociales. Por favor, apúntenme a Llagostera. Mis intereses particulares y generales los entiendo mejor representados por Llagostera que por los del tándem Fecsa-CiU.

Joan Subirats es catedrático de Ciencias Políticas de la UAB.