La izquierda pide cuentas a Alavedra y Trias por la venta del buscador Olé

Ya que la Fundación Catalana para la Investigación (FCR) no supo poner un precio adecuado al buscador de Internet Olé cuando lo vendió, el Gobierno catalán pedirá negociar la 'recuperación' de parte de los beneficios obtenidos posteriormente con su revalorización. Esta fue la salida que el consejero de Universidades e Investigación, Andreu Mas-Colell, ofreció ayer en el Parlament al caso Olé. La izquierda no se dio por satisfecha y exigió la asunción de responsabilidades políticas al Gobierno catalán por 'incompetencia e irregularidades'. Los afectados son los ex consejeros Macià Alavedra y Xavier Trias.

Ni las 200.000 pesetas por las que Olé fue vendido en 1996 ni los 3.000 millones que una filial de Telefónica pagó por él en 1999 son precios comprensibles, según reconoció Mas-Colell. El consejero compareció en el Parlament para explicar la venta de este buscador, una operación que produjo unos extraordinarios beneficios que no revertieron a la FCR, sino a una sociedad creada por un ex empleado que había participado en la creación de Olé, Josep Maria Vallès. Mas-Colell dijo que ni en su condición de economista puede comprender ninguno de los dos precios: 200.000 pesetas eran poco para un buscador que tenía el 7% del mercado en España, y 3.000 millones tres años después eran demasiado para un producto del que ya se veía que no era extraordinario.

De todas formas, Mas-Colell calificó de 'buena idea' la ofrecida por el diputado del PP Daniel Sirera cuando le pidió que 'reclame una participación en los benefícios' habidos en la segunda venta. Sirera preguntó también a Mas-Colell 'adónde miraban' los consejeros de Economía, Presidencia e Industria, que formaban parte del patronato de la FCR, cuando se realizó la primera venta, a tan bajo precio.

Más duros, los diputados Rafael Ribó, de Iniciativa-Verds (IC-V); Joan Ridao (Esquerra Republica (ERC), y Miquel Barceló (PSC-Ciutadans pel Canvi) exigieron la asunción de la responsabilidad política del Gobierno de Jordi Pujol por el cúmulo de 'incompetencia e irregularidades' en la gestión de la FCR puestas de manifiesto por el caso Olé.

Barceló reclamó a Mas-Colell que explicara si piensa ejercer algún tipo de actuación judicial contra el director de la FCR, Josep A. Plana Castellví, que realizó la venta. Le reclamó que precisara si la venta se hizo con la autorización expresa del patronato de la fundación. Ridao pidió también que explicara si la operación se hizo con el beneplácito de la Generalitat. Ribó agregó a la exigencia de responsabilidad política al Gobierno por esta operación la derivada, a su juicio, de la mala gestión de los 7.000 millones de pesetas de subvenciones que la FCR ha recibido de la Generalitat para destinarlos a investigación.

Los informes de la Sindicatura de Cuentas han mostrado que la FCR colocaba importantes cantidades en fondos de inversión y otros activos financieros. Mas-Colell justificó esta práctica alegando que es una forma de librarse de las rigideces de la anualidad de los presupuestos de la Generalitat.

El consejero insistió en que una de las principales razones que llevaron a la FCR a desprenderse de Olé sin reparar en el precio fue la 'presión' política realizada por el diputado de ERC Jordi Portabella, que criticaba duramente el hecho de que Olé no utilizara el idioma catalán. 'Los patronos son muy catalanistas', dijo, 'y fueron muy sensibles a estos ataques'. Esta argumentación fue rechazada de plano por Ridao en nombre de ERC, alegando que la crítica podía haberse solventado incorporando el catalán al buscador.

Las preguntas acerca de posibles actuaciones judiciales quedaron sin respuesta. Mas Colell-dijo, sin embargo, que la petición de negociaciones con los beneficiarios de la venta llevará en su día 'a lo que tenga que llevar', frase que puede dar a entender que no se desecha ninguna posibilidad.