El PA resuelve el expediente contra Valenzuela sin admitir ninguna prueba

Los afines al concejal dicen que la expulsión ya estaba adoptada

En la resolución, que lleva fecha del 8 de junio, el instructor repasa los cargos contra el concejal y en todos los casos hace constar que 'no considera necesaria practicar ninguna prueba' por 'tener acreditada la realidad de la imputación' o porque Valenzuela no lo niega.

La primera de las acusaciones que constan en el pliego de cargos se refiere a unas manifestaciones 'irresponsables' del concejal que acusó a la Ejecutiva Nacional de 'haber traicionado el legado de Blas Infante y apostar por los ricos y los caciques'. Las declaraciones fueron hechas unos días después de la celebración del Día del Partido en Granada, al que no fue invitado el concejal.

Tampoco considera el instructor necesaria prueba alguna en otras dos imputaciones de carácter económico. El PA granadino opina que el hecho de que Valenzuela pagara su campaña electoral y haya dejado de percibir 200.000 pesetas mensuales en su trabajo por hacerse cargo de la concejalía no lo exime de contribuir con el 5% de su sueldo oficial al sostenimiento del partido.

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El instructor también ha rechazado las pruebas presentadas por el expedientado para justificar a dónde se han destinado las 70.000 pesetas que cobra el grupo municipal del Ayuntamiento granadino. Dicho dinero, sostiene Javier Castro en el pliego de cargos, 'no se ha puesto bajo el control del comité local.

Las otras dos imputaciones se refieren a no comunicar el nombramiento del gerente el Patronato de Deportes y no entregar su acta de concejal.

Hilario Aranda, portavoz de la corriente de apoyo a Valezuela, y expedientado él mismo junto a Eugenio Aguilar y Manuel García, dijo ayer que el trámite del expediente ha tenido un carácter 'procedimental' para justificar una 'decisión adoptada de antemano'. 'El instructor', añadió, 'tenía la decisión tomada y por eso considera inecesarias las pruebas. Juan Carlos Benavides, quien manda en Granada, es quien lo ha decidido'.

'El comité local ha sido juez y parte y la Comisión de Garantías sólo podrá examinar el pliego de cargos y las elegaciones; prueba, ninguna', acusó Aranda.

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