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Expertos del Consejo de Europa proponen que España ofrezca más autonomía a Anticorrupción

Recomiendan que la Administración comunique obligatoriamente los fraudes a la fiscalía

España está recibiendo críticas en el plenario del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa, reunido esta semana en Estrasburgo para evaluar los mecanismos de lucha contra la corrupción. Los expertos cuestionan la potestad del fiscal general del Estado, nombrado por el Gobierno, para apartar a los fiscales de determinadas investigaciones. Esta objeción está recogida en el informe que tres expertos europeos han redactado tras visitar diversas instituciones, entre ellas la Fiscalía Anticorrupción, según informan fuentes judiciales.

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En los dos primeros días de debate sobre los mecanismos estatales de la lucha contra los delitos económicos, España está recibiendo críticas y alabanzas. Los expertos que participan en el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) elogian a España por disponer de una institución especializada como es la Fiscalía Anticorrupción, así como por la alta cualificación profesional de sus integrantes y por el hecho de disponer de un equipo de policías y guardias civiles igualmente sólidamente formados para perseguir los intrincados fraudes financieros. El acceso a informaciones reservadas de la Agencia Tributaria es también valorado por los expertos que, sin embargo, critican algunas carencias y, muy especialmente, la falta de autonomía de la Fiscalía Anticorrupción respecto de la Fiscalía General del Estado.

Los tres evaluadores europeos se entrevistaron el pasado octubre en Madrid, a instancias del Ministerio de Justicia, con representantes de la Audiencia Nacional, el Tesoro Público, el Banco de España y la Fiscalía Anticorrupción. Fruto de estas entrevistas ha sido el borrador de informe que dichos especialistas han sometido a debate en Estrasburgo y que no recibirá la calificación oficial hasta la segunda lectura, prevista para el próximo viernes. En dicho borrador se plantean dudas sobre la suficiencia del presupuesto de la Fiscalía Anticorrupción y se pregunta también si la colaboración entre las instituciones podría ser más eficaz. Por ejemplo, que se comunicaran obligatoriamente a Anticorrupción los fraudes económicos detectados en las administraciones públicas. También cuestionan el acceso prohibido de los fiscales a cuentas bancarias, o que los responsables de las entidades financieras no infornen de transacciones aparentemente sospechosas. Los expertos creen que estas cautelas facilitarían la investigación sobre el blanqueo de capitales.

La inmunidad de los parlamentarios y ministros tampoco ha sido bien recibida en este debate, que cuenta con dos representantes del Ministerio de Justicia -Valentín Dueñas y Alfredo Pascual- para rebatir las críticas de los expertos. Los representantes de Suecia, el país que ha seguido a España en el turno de las evaluaciones, comentaron que en Suecia el privilegio de los políticos a ser juzgados sólo por el Supremo resultaría 'inconcebible'.

El eje central de las críticas, no obstante, ha sido la potestad del Fiscal General del Estado, un cargo de designación gubernamental, de parar determinadas investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción y remitirlas a otras instancias, añadieron las citadas fuentes. No se ha cuestionado la capacidad de nombramiento del Gobierno, ni el derecho del fiscal general de diseñar el funcionamiento de la institución. Pero sí el hecho de que pueda interferir directamente en las investigaciones.

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El Fiscal Jefe de Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo,. criticó duramente en Málaga el pasado sábado que el Gobierno hubiera vetado su presencia en la reunión del Consejo de Europa para evaluar la política contra la corrupción que se aplica en España, lo que calificó de 'ingerencia inadmisible del poder ejecutivo en el funcionamiento y las responsabilidades propias de un órgano del ministerio fiscal'. El Ministerio de Justicia desmintió este presunto veto.

Fuentes comunitarias comentaron que es frecuente que los representantes de los Gobiernos de los países que comparecen ante el GRECO lo hagan acompañados por los responsables de la lucha anticorrupción.

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