500 padres de disminuidos psíquicos, contra los nuevos precios en residencias

Ésta es la segunda protesta que celebra la Coordinadora de Representantes de Asociaciones de Padres de centros públicos por el tema de los nuevos precios. La anterior tuvo lugar el 27 de marzo frente a la Consejería de Servicios Sociales, en la calle de Alcalá. En la movilización de ayer corearon durante una hora gritos de '¡fuera, fuera!' y de '¡manos arriba, esto es un atraco!', e hicieron sonar silbatos contra el Gobierno regional. Varios representantes dejaron en la sede de la Presidencia de la Comunidad un manifiesto con sus reivindicaciones.

La coordinadora solicitó celebrar la concentración a las mismas puertas de la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo de Alberto Ruiz-Gallardón, del PP, pero la Delegación del Gobierno les obligó a que la protesta transcurriese 'por la zona peatonal comprendida entre las calles del Arenal, Preciados, Carmen y Montera, sin acceder en ningún momento a la calzada'. Así que, aunque molestos por la restricción, se concentraron junto a la estatua de Carlos III sin cortar el tráfico ni un segundo.

Este millar de familias eran las únicas, de las casi 10.000 con hijos disminuidos en la región que tienen a sus hijos en residencias, a las que este servicio les salía gratis. El resto se veía obligado a acudir a centros regentados por asociaciones de familiares, en los que pagaban diferentes cuotas. Ahora, centros privados y públicos forman parte de la misma red, con tarifas unificadas. Pero, según estos padres de centros públicos, 'el artículo 49 de la Constitución dice que el Estado debe velar por la integración de los discapacitados, es decir, debe ofrecer gratis estos servicios básicos para ellos'. Ellos critican sobre todo que para fijar los nuevos precios a pagar por cada discapacitado se valore la renta familiar. Consideran que en ningún servicio público se tienen en cuenta los ingresos de padres y hermanos.

José Manuel Llovet, uno de los portavoces de la coordinadora, explica que lo que ellos pretenden es que haya un periodo transitorio para que los centros privados vayan haciéndose gratuitos como los públicos, y no a la inversa, es decir, que en los centros públicos se acabe también pagando. 'Lo que pedimos es una solución política y negociada con los padres, algo que por ahora no existe'.