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IU pide dinero a sus bases para afrontar el embargo de cuentas

La asamblea de Álava exige un referéndum sobre la entrada en el Ejecutivo vasco

Quien pueda dar mil, mil; quien cinco mil, cinco mil... y así sucesivamente. La dirección de IU está empeñada en que su grave situación económica no lleve aparejada una pérdida de independencia política. 'Esto no es una empresa', dice Ginés Fernández, el secretario de Organización de IU, 'y aunque tengamos embargadas las cuentas, no podemos hablar de quiebra; hacerlo sería un exceso verbal'. Una juez de Madrid mantiene bloqueadas desde el 29 de mayo tres cuentas de la coalición para satisfacer una deuda de 135 millones de pesetas -más intereses- con la empresa 210 Publicidad.

Fernández recuerda que, pese al embargo judicial, IU recibirá cada mes los 33 millones que la ley establece por su representación parlamentaria. 'El embargo supone un grave contratiempo que además llega en el peor momento, justo cuando nos estábamos recuperando, pero aun así, saldremos del túnel. Aunque en vez de en el año 2003, estaremos definitivamente saneados el curso siguiente'.

La táctica ya es vieja. Cada vez que IU ha tenido problemas económicos sus dirigentes han solicitado el apoyo económico de militantes y simpatizantes. Pero no siempre con éxito. De hecho, a principios de 2000, Fernández puso en marcha una campaña que trataba de remendar la ya entonces dramática situación financiera. Pero, como refleja el último informe de gestión, 'no dio los resultados esperados'.

Y los problemas se acumulan. A la denuncia de 210 Publicidad hay que unir la que presentó la empresa Rank Xerox por impago de una factura superior a los 400 millones. También en este caso IU intentó convencer a la firma de que hizo mal su trabajo, con consecuencias fatales para sus resultados electorales de 1999. Al igual que 210 Publicidad, Rank Xerox dejó la solución a los tribunales. Los dirigentes de IU no quieren ni pensar en un nuevo embargo.

Por otro lado, la asamblea de IU-EB en Álava aprobó ayer una resolución en la que se opone a la entrada de la coalición en el nuevo Gobierno vasco y ordena un referéndum en ese sentido entre los afiliados alaveses, al tiempo que considera que éste debería extenderse a Vizcaya y Guipúzcoa. La asamblea alavesa afirma que la entrada en el Ejecutivo supondrá abandonar el programa de IU.

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