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El PP y el PSOE pactan negociar con los nacionalistas la reforma del Senado

Luis R. Aizpeolea

El portavoz del PP en el Senado, Esteban González Pons, convocó el encuentro con la delegación socialista con la pretensión de avanzar hacia un principio de acuerdo sobre la reforma de la Cámara alta, en la dirección de una Cámara territorial, para sacarla de la parálisis en que se encuentra desde 1998, año en que el PP decidió suspender las sesiones de la ponencia de reforma.

González Pons planteó abrir la negociación antes del debate sobre el estado de la nación, que se celebra a fin de mes, como cierre del actual periodo normal de sesiones en ambas Cámaras legislativas. El propio secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, notificó a González Pons, hace 15 días, con motivo de la última reunión del Pacto Antiterrorista, cuando coincidieron ambos políticos, la voluntad de los socialistas de llegar a un acuerdo con los populares sobre la reforma del Senado.

El primer encuentro, celebrado el jueves al mediodía, tuvo una escenificación relevante, que reflejaba la importancia que el PP quiso otorgarle. La delegación popular estaba encabezada por su portavoz, González Pons, al que acompañaron los senadores Rosa Vindel, Rafael Prada y Antolín Gómez Sáenz. Por parte del PSOE acudieron su portavoz en el Senado, Juan José Laborda, acompañado por el portavoz del Grupo Parlamentario Entesa dels catalans -el socialista catalán Isidre Molas- y los senadores José Ignacio Pérez Sáenz y Joaquín Galán.

Sin modificar la Constitución

La delegación del PP puso sobre la mesa las bases de la reforma del Senado, que pretende llevar a cabo sin modificar la Constitución en esta etapa. Pero previamente, la delegación socialista planteó una cuestión de forma: la necesidad de incorporar a los partidos nacionalistas a la reforma del Senado desde un principio y contar también con la opinión de los Gobiernos autonómicos. Lo que no sucedió ni con el Pacto Antiterrorista, de diciembre, ni con el reciente Pacto de la Justicia, limitados ambos a un acuerdo entre el PP y el PSOE.

El argumento de los socialistas fue doble. Por un lado, si se trata de avanzar hacia el Senado como Cámara territorial, a través de una reforma reglamentaria, es fundamental la presencia de los nacionalistas y, además, se ha creado un 'escenario nuevo', tras las elecciones vascas, en el que se trata de propiciar el acercamiento al nacionalismo democrático. La contundencia de los socialistas fue clara: si los nacionalistas no participaban desde el principio en la negociación de la reforma reglamentaria del Senado, el PSOE tampoco. La delegación del PP aceptó la sugerencia y acordó estudiar el marco de la negociación de la reforma. O bien a través de la ponencia creada en el Senado para la reforma o de la junta de portavoces de los grupos parlamentarios. Tanto de una u otra manera se garantiza la presencia de todos los grupos nacionalistas.

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La reunión del jueves no abordó el contenido de la reforma del Senado. Pero la propuesta a debate es la que presentó en febrero el portavoz del PP en el Senado, Esteban González Pons, a todos los grupos parlamentarios y que Juan José Laborda, portavoz del PSOE, aceptó pese a considerarla 'blandengue' porque no entraba a fondo con una reforma de la Constitución.

El PP trata de sacar al Senado de la parálisis en que se encuentra como Cámara territorial con una triple propuesta: presencia habitual de los presidentes autonómicos con voz y sin voto; que las iniciativas de trascendencia territorial se debatan siempre en el Senado y que se defina un formato, más ágil, para el debate sobre el estado de las autonomías que pasaría a denominarse debate de cooperación autonómica. Este debate, pese a que el reglamento vigente señala que debe ser anual, no se celebra desde marzo de 1997.

Los socialistas, a su vez, pretenden potenciar la Comisión General de Comunidades Autónomas, con una serie de debates de actualidad, empezando por la financiación autonómica. También quieren crear un observatorio territorial y económico.

El PSOE acude a la negociación sobre la reforma reglamentaria con el objetivo ulterior de que la dinámica negociadora empuje a una reforma constitucional, única forma de poder otorgarle relevancia real al Senado como Cámara territorial. El PP teme que los nacionalismos aprovechen la apertura del 'melón constitucional' para ir más allá de la reforma de la Cámara alta.

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