PP, PSOE e IU presentan 424 enmiendas al proyecto de Ley del Suelo

Los populares han presentado 129 enmiendas o modificaciones al proyecto de ley defendido por el Gobierno. La mayoría son puramente técnicas (errores o mejoras de redacción). No obstante, una de las enmiendas sí modificará sustancialmente el texto del Ejecutivo (ya que el PP tiene mayoría absoluta en la Cámara). Los populares piden que se prohíba urbanizar, durante un periodo mínimo de 30 años, las zonas boscosas que hayan sido quemadas o dañadas. El Ejecutivo regional no había incluido en el proyecto que defiende esta protección medioambiental, que sí aparecía en la ley actual de 1995.

El proyecto de Ruiz-Gallardón ancla sus pilares fundamentalmente en la prohibición de que las administraciones públicas puedan subastar terrenos. Sólo podrán adjudicar suelo mediante concursos, donde el precio que los interesados están dispuestos a pagar por el suelo no es el único factor que se valora en la adjudicación. Con esta medida, el PP intenta rebajar el precio del metro cuadrado.

Otra de las novedades del texto del PP es que los promotores privados podrán construir sobre suelo de particulares si éstos se niegan a desarrollarlos en un plazo máximo de entre uno y dos años.

El PSOE, por su parte, ha presentado 120 enmiendas, la mayor parte de fondo y no de forma. Muchas de sus críticas coinciden con las de su compañero de oposición, el grupo de Izquierda Unida: suelo urbano, entidades certificantes homologadas o autonomía municipal son algunos de los puntos que les unen.

Los socialistas proponen que no puedan construirse viviendas en suelos protegidos y basan sus propuestas en torno a los siguientes aspectos:

El PSOE propone más viviendas protegidas para familias con menores ingresos. El proyecto del Ley del PP habla de un porcentaje del 50% de vivienda sujeta a algún régimen de protección, lo que para el PSOE no garantiza que se destine a los sectores más necesitados, porque todas ellas podrían ser de 'precio tasado'. Los socialistas quieren que las tres cuartas partes de ese 50% se destinen a familias con rentas inferiores a 3,5 veces el salario mínimo interprofesional.

Nuevos desarrollos

El proyecto de ley sólo obliga a construir vivienda protegida en el suelo urbanizable sectorizado (nuevos desarrollos), lo que dejaría fuera, por ejemplo, a las operaciones previstas en Chamartín y Campamento. El PSOE propone, por el contrario, que esa obligación se extienda al suelo urbano no consolidado.

En cuanto a patrimonio de suelo, los socialistas defienden que la Comunidad mantenga la obligación de destinar a este fin un 2% del total de su presupuesto, y los ayuntamientos, el 5% de su capítulo de inversiones (mantener la situación actual). También propugnan aumentar los bienes que deben formar parte de los patrimonios públicos de suelo.

Los socialistas rechazan también las denominadas entidades certificadas homologadas, unas sociedades que certifican la legalidad de un proyecto. Para el PSOE, esto significa privatizar el control de legalidad, función irrenunciable de los ayuntamientos.

Izquierda Unida ha presentado un texto alternativo. No obstante, sabe que 'es poco probable' que su propuesta salga adelante. La coalición quiere que se mantenga como categoría el suelo no urbanizable, es decir, aquel que los Ayuntamientos pueden preservar de su desarrollo. Defienden que los Ayuntamientos tengan plena capacidad para decidir cuál es su modelo. En el suelo urbanizable no sectorizado -aquel que no tiene un proyecto específico de ordenación-, los Ayuntamientos, según IU, deben tener capacidad para decidir cuál será su destino. Considera que debe mantenerse y aumentarse la obligación presupuestaria de la Comunidad para fomentar el patrimonio público de suelo.