Prodeni elevará una queja al CGPJ por la actuación judicial en la entrega de Belinda

Belinda -la niña de siete años que fue escondida por su madre casi un año para no cumplir la sentencia de la Audiencia de Málaga que le obligaba a entregarla a su padre - se encuentra desde última hora del martes en Estados Unidos, el país del que es oriundo su progenitor. El caso está cerrado para la Justicia española, pero la polémica sigue.

Prodeni avanzó que presentará un escrito al CGPJ para que abra expediente y traslade al magistrado por considerarlo responsable del 'maltrato institucional' que ha sufrido Belinda. La pequeña estuvo casi seis días en un centro de acogida sin ver ni hablar por teléfono con su madre, Araceli Tortosa, y fue entregada a su padre, Jerry Kholer, sin que pudiera despedirse de su progenitora. El presidente de Prodeni, José Luis Calvo, aseguró que trabajadores del centro confesaron que la niña 'clamaba' por su madre.

Para la organización, la menor estuvo 'aislada e incomunicada', ya que desde el miércoles -día en que fue localizada y trasladada a esas instalaciones- el juzgado sólo autorizó la visita del padre. 'Fue un acto cruel, inhumano y fuera de toda justificación jurídica o psicológica. En España tenemos leyes muy buenas, pero algunas acciones de la Justicia son tercermundistas', criticó.

Prodeni reclamó que el juez sea recusado en futuros casos 'porque es un maltratador de los derechos de los niños' y reclamó a los ciudadanos que envíen escritos de queja al juzgado decano de Málaga y al Consejo General del Poder Judicial para que quede de manifiesto su reprobación.

Además, Prodeni sostiene que se incumplieron la Convención de los Derechos del Niño que dispone que sean oídos; la Ley del Menor que les permite nombrar a un representante legal al margen de sus progenitores; y la Convención de la Haya que posibilita a un juez desobedecer una orden de restitución de un menor si suponer un peligro psíquico. La sentencia de divorcio de Araceli le dio la custodia de la niña, pero con la limitación de que no podía abandonar Estados Unidos, donde vivían. La madre desobedeció esta disposición, por lo que, según la ley, secuestró a su propia hija. Por esta actuación tiene pendiente una causa en Estados Unidos. Fue entonces cuando la custodia pasó al padre.

El juzgado decano no quiso entrar en la polémica y apuntó que cada juez tiene autonomía para interpretar las leyes. El magistrado, José Luis Utrera, comentó el martes que, con tanta información sobre el caso, se vulneraba el derecho a la intimidad y la imagen de la menor y que lo que tenía que manifestar lo había dicho en los autos. El mismo juzgado falló en 1997 a favor de la madre, pero el año pasado la Audiencia revocó la sentencia y ordenó que la pequeña fuera entregada al padre; resolución que tuvo que ejecutar Utrera.