CAF cumple desde agosto la normativa ecológica, según el alcalde de Beasain

El alcalde de Beasain, el peneuvista Jon Jauregi, asegura que los últimos análisis ambientales de las emisiones de la acería de CAF realizados desde agosto pasado han dado 'unos resultados muy positivos' y 'muy por debajo de los límites que establece la normativa medioambiental'. Jauregi figura junto al director de CAF, Andrés Arizcorreta, y el director de Calidad Ambiental del Gobierno vasco, Tomás Epalza, como responsable penal de un presunto delito ecológico causado por la emisión de humos contaminantes por parte de la empresa de fabricación de material ferroviario. Así consta en la querella presentada en abril por la Fiscalía de Medio Ambiente de Guipúzcoa ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Tolosa, que la ha admitido a trámite.

La actuación del Ministerio Público viene motivada por una denuncia interpuesta por el Ayuntamiento de Ordizia en abril de 1999 por una posible contaminación atmosférica por parte de la compañía.

El alcalde de Beasain reconoce que su Ayuntamiento ha realizado un seguimiento de las mediciones atmosféricas a partir de la colocación, a mediados de agosto del año pasado, de una depuradora en el horno de arco eléctrico utilizado por Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) para fabricar acero. La compañía realizó una inversión cercana a los 1.000 millones de pesetas en esta instalación. Jauregi insiste en que los resultados de los análisis realizados desde esa fecha han sido 'satisfactorios', y remarca que 'por esta razón, CAF conserva en estos momentos la licencia de actividad'.

Para reforzar su argumentación, Jauregi recuerda que la firma guipuzcoana ha obtenido la certificación de calidad medioambiental ISO 14001.

Sin embargo, el regidor peneuvista optó por no pronunciarse sobre la posible emisión de humos tóxicos antes de la colocación de la depuradora, periodo al que, en principio, hace referencia la querella presentada por la Fiscalía partiendo de un informe del Seprona, el servicio medioambiental de la Guardia Civil. Este estudio, de julio de 2000, indica que los análisis realizados sobre la concentración de cobre, plomo, níquel y cinc en los humos emitidos por CAF superaban los límites establecidos por la legislación y, por tanto, podían poner en riesgo la salud humana y el funcionamiento del ecosistema.

Las diligencias judiciales incluyen un estudio realizado por la consejería de Sanidad en el que se constata una mayor incidencia de enfermedades pulmonares en los habitantes de Ordizia durante las supuestas emisiones contaminantes en comparación con localidades de similares características.

En cualquier caso, los citados en la querella como responsables penales del presunto delito ecológico aseguran que no conocen el contenido exacto de la misma. Tanto el director de Calidad Ambiental vasco, Tomás Epalza, como el alcalde de Beasain y la propia CAF coinciden en que no han recibido todavía 'ninguna notificación oficial' del juzgado, por lo que prefieren no pronunciarse al respecto. Jauregi apela a la 'prudencia absoluta hasta tener acceso a la denuncia', y Epalza afirma: 'No puedo decir nada mientras no reciba una comunicación del juez'.