Gil dice que está dispuesto a volver a negociar sobre el PGOU
El alcalde de Marbella, Jesús Gil y Gil, se mostró ayer dispuesto a retomar las conversaciones técnicas con la Junta de Andalucía para desbloquear el Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad. Gil apostó por buscar una solución al conflicto que enfrenta desde hace tiempo a ambas administraciones, después de conocer que el Tribunal Supremo ha ratificado que el Ayuntamiento invadió competencias del gobierno andaluz al aprobar el planeamiento de 1998, una sentencia que ha sido valorada positivamente por todos los grupos de la oposición municipal (PSOE, PP y PA).
'Estoy seguro de que a partir de ahora, el alcalde de Marbella recapacitará, acatará la Ley y hará los esfuerzos necesarios para hacer posible que el desarrollo urbanístico de esta ciudad emblemática se lleve a cabo dentro de la legalidad', dijo el presidente de la comisión de Urbanismo de Málaga, Luciano Alonso, nada más conocer la decisión judicial. Lo cierto es que Jesús Gil pareció tomar nota, y abogó ayer también porque el Ayuntamiento de Marbella esté dentro de la legalidad vigente en lo que a urbanismo se refiere. 'Estamos viendo y contemplando las premisas que puedan conducir a esa solución idónea para dos administraciones, que no deberían estar enfrentadas', señaló Gil.
Manipulación
Sin embargo, el regidor insistió en que la resolución, 'no entra para nada en el fondo del asunto, ni en la legalidad o ilegalidad' de la aprobación del documento, elaborado por su equipo de gobierno. En un comunicado, acusa a los medios de 'manipular' el fallo, y sostiene que lo único que ha hecho el Supremo es ratificar las medidas cautelares adoptadas por el TSJA, en cuanto a la suspensión del acuerdo de pleno que aprobó el texto, y que el Tribunal aún deberá resolver el recurso que su grupo presentó hace dos años contra la denegación del Plan General de 1998 por parte de la administración autonómica. 'Cuando el Supremo resuelva si el PGOU del 98 es legal o no, veremos que plan está vigente', reiteró Gil, que sigue en sus trece de que el documento de 1986 no es válido. Todo un galimatías, teniendo en cuenta que la Junta no ve negociable este punto.
En cualquier caso, explicó que el consistorio está dispuesto a realizar modificaciones puntuales de elementos, que permitirían desbloquear las inversiones públicas destinadas a importantes proyectos como el soterramiento de la Nacional 340 a su paso por San Pedro Alcántara, varios institutos y el nuevo edificio de los Juzgados, si la Junta de Andalucía así lo requiere. 'El Ayuntamiento está dispuesto a hacer lo que haga falta. Nunca vamos a rechazar el diálogo', aseguró el mandatario marbellí, bajando ligeramente el tono de su discurso habitual.
La oposición municipal en pleno aplaudió la resolución del Tribunal Supremo, que consideran pondrá fin a los desmanes urbanísticos que vive el municipio.
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