El PP rechaza suprimir el delito de insumisión para evitar un 'abandono masivo' de reclutas

El PSOE, Convergència i Unió, Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya y Eusko Alkartasuna (los dos últimos integrados en el Grupo Mixto) defendieron ayer en el Pleno del Congreso cinco proposiciones de ley orgánica para la supresión de los artículos del Código Penal y de las leyes militares que penalizan la insumisión, es decir, la negativa a realizar la mili o la Prestación Social Sustitutoria (PSS).

El diputado de Coalición Canaria Luis Mardones argumentó su excepcional voto a favor de estas iniciativas y contrario a las tesis del PP: 'No existiendo el delito no tiene que existir el delincuente, y no existiendo el delincuente no tiene que haber nadie penando por ello'. El delito ha desaparecido, según este argumento, porque los últimos quintos ya han sido llamados a filas y la última mili concluirá a finales de este año.

Pero 'el deber existe hasta que desaparezca', replicó el diputado del PP Manuel Atencia, portavoz de Defensa de su grupo. Ese deber es la mili obligatoria que, recuerda el Partido Popular, no concluye hasta fin de año, por lo que 'no se puede pretender una despenalización anticipada'. Atencia defendió que 'mientras subsista la obligación tiene que existir la sanción'.

Los grupos que defendieron las cinco iniciativas y, con especial énfasis PSOE, CiU e IC, argumentan que la fecha del 31 de diciembre no tiene por qué ser un escollo para despenalizar la insumisión, toda vez que el trámite parlamentario es lo suficientemente largo, y puede alargarse más, como para que los efectos de esa despenalización se lleven a cabo a partir del 31 de diciembre de este año.

Tampoco es ése un argumento válido para el PP. Su portavoz de Defensa argumentó que 'la desaparición del deber a partir del 31 de diciembre vaciará de contenido los tipos penales' que castigan la insumisión. 'Serán delitos imposibles' y, según Atencia, las iniciativas defendidas ayer por toda la oposición 'no aportarán nada'.

El PP, con esta línea de argumentación, obvió qué pasará el 31 de diciembre con los condenados por insumisión o con los que cumplen penas de cárcel en prisiones militares por deserción, también conocida como 'insumisión sobrevenida'. La preocupación que ayer explicitó el partido mayoritario para asumir el coste político de votar en contra del resto de los grupos de la Cámara fue que 'quedan meses' de mili y de PSS, y la supresión del delito de insumisión 'podría producir abandonos masivos, sobre todo de la PSS'.

Esta respuesta del PP sólo se entiende, según Gaspar Llamazares, coordinador general de IU que defendió ayer una de las cinco proposiciones de ley, por 'una actitud de venganza, de vendetta hacia los jóvenes comprometidos con la objeción de conciencia'. El partido del Gobierno, dijo Llamazares, 'quiere mantener a los jóvenes insumisos en la condición de delincuentes aun cuando el servicio militar deje de ser obligatorio'.

La diputada socialista Leire Pajín destacó la 'paradoja de tener jóvenes penados por incumplir una norma que dejará de existir el 31 de diciembre'. Pajín subrayó que 'no tiene ningún sentido' que no se prevea 'poner fin a las condenas y sanciones por insumisión y se archiven los procedimientos incoados a los insumisos' con fecha de 31 de diciembre de este año. Esta diputada pidió al PP que 'escuche el clamor popular' y rectifique.

El diputado Carles Campuzano, de CiU, ofreció al PP 4.771 razones para esa rectificación que, finalmente, no se produjo: las 4.771 personas imputadas por delitos de insumisión, según los datos que Defensa facilitó a este grupo político con fecha de 22 de febrero de este año.

Joan Saura redujo después esas casi 5.000 razones a cuatro 'de peso'. Aseguró que, según sus datos, hay 'cuatro insumisos encarcelados' en prisiones militares y régimen cerrado que ayer 'esperaban mucho' del Parlamento. Y eso que esperan, subrayó la diputada del EA Begoña Lasagabaster (también integrada en el Grupo Mixto), no pueden ser sólo 'medidas de gracia'.

Margarita Uría, del PNV, resumió la sensación de los grupos de la oposición tras el rechazo del PP con esta frase: 'No hay enganche jurídico alguno para defender estos tipos delictivos más que la cabezonería'.