El Gobierno y el Ayuntamiento de Barcelona imponen restricciones a las antenas de telefonía

El decreto de Medio Ambiente tiene carácter retroactivo y establece un plazo de seis meses para que los dueños de antenas que no cumplan los límites de referencia ni las distancias exigidas regularicen su situación. En su elaboración han participado los ayuntamientos adscritos al consorcio Localret.

Sobre la base de las recomendaciones comunitarias se consideran los niveles de referencia máximos permitidos para la exposición de las personas a los campos electromagnéticos. Menos explícito resulta el texto al señalar las distancias que deben mediar entre una antena y una vivienda ya que habla de zonas abiertas de uso continuado, como por ejemplo de terrazas, y señala 10 metros como la distancia mínima a respetar si se trata de potencias entre 100 y 1.000 vatios, 15 metros cuando la potencia sea de entre 1.001 y 2.500 vatios y 20 metros hasta 5.000 vatios. El decreto prevé extremar la protección de determinados equipamientos, como las escuelas, donde las distancias de seguridad habituales se multiplicarán por cuatro.

La nueva normativa no prevé sanciones específicas para los casos de incumplimiento. Según Felip Puig, se aplicarán las mismas que establece la ley de intervención ambiental. El consejero indicó que entre el 10% y el 15% de las antenas instaladas tendrán que ser revisadas para adecuarlas a la nueva regulación.

La asociación GEA, una de las más combativas en favor de los derechos de los ciudadanos frente a las instalaciones de telefonía móvil, considera, en una primera lectura, que el decreto es 'confuso y difícil de aplicar teniendo en cuenta que las antenas más corrientes tienen una potencia de 200 vatios mientras que las que se presentan como más reguladas superan ampliamente esa cifra', según la vicepresidenta, la letrada Teresa Huidobro. Mucho más severa es la restricción que quiere imponer el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Barcelona, que llevará a la sesión plenaria del próximo viernes una moción que sólo permitirá la colocación de antenas de telefonía móvil en edificios industriales, de oficinas o establecimientos del sector terciario, y en cualquier caso, situadas a más de 100 metros de distancia del inmueble habitado más próximo.

El Ayuntamiento no es partidario de paralizar la instalación de estos repetidores como le piden las plataformas de vecinos de 22 barrios barceloneses intranquilos con la repercusión que su proximidad está teniendo para la salud de sus familias.

El concejal Ernest Maragall aseguró ayer que la moratoria que solicitan los vecinos no eliminaría los repetidores más antiguos y dificultaría aún más la aparición de nuevas operadoras. Para que no haya dudas respecto a las prioridades municipales Maragall dijo: 'La salud y la seguridad de los barceloneses son lo primero. Las necesidades del mercado son secundarias'.