La Modelo y la memoria de Barcelona

Hace más de veinte años que vivo en Barcelona. Desde que comencé a interesarme por las instituciones del sistema penal y por cómo funcionan en Cataluña, he tratado de interiorizar los precedentes históricos que rodearon el proceso de transferencia de competencias policiales y penitenciarias, con motivo de la sanción de la Constitución de 1978 y el Estatuto de Autonomía. Por cierto, no deja de sorprenderme la racionalidad y la sensatez con que los catalanes han asumido en general dicho proceso aunque, todo hay que decirlo, en muchas ocasiones también me han despertado asombro las maneras con que desde Madrid -sobre todo en otras épocas y en particular desde Interior y Justicia- se han conducido esas transferencias. Lo que, sin embargo, ha sido chocante han sido el modo y las formas en que en Cataluña, en ocasiones, se han administrado esos patrimonios competenciales. No me ocuparé aquí de lo que atañe a la policía autonómica, pero sí lo haré en lo que respecta a la ejecución de las penas privativas de la libertad. En particular quisiera referirme a lo que técnicamente se denomina construcciones penitenciarias -es decir, vulgarmente, a la edificación de cárceles-, pues sabido es que, dado el crecimiento geométrico de las poblaciones penitenciarias en todo el mundo desarrollado (y en el no desarrollado también), a raíz de las políticas de tolerancia cero, la presencia de internos en las cárceles de España y, por consiguiente, en las de Cataluña, ha tenido una progresión permanente. Más allá de criticar semejantes políticas, esto ha supuesto la necesidad de contar con más espacio coactivo, tanto para hombres, adultos y jóvenes, como para mujeres. De aquí que la breve historia de la política penitenciaria en la Cataluña autonómica, nacida con la asunción de competencias en 1984, está atravesada por un constante requerimiento de nuevas cárceles. En el territorio de la comunidad autónoma esa política inició la construcción de nuevas cárceles con la del municipio de La Roca del Vallès. Aquí ya se reveló una manifiesta contraposición entre los intereses que alentaban la necesidad de contar con una cárcel que paliara el agobio que padecía la Modelo con los de la elección de un determinado y concreto predio (Can Ribes). Esta situación fue en su momento denunciada por el entonces alcalde de Granollers (véase EL PAÍS del 30 de octubre de 1984), mas la noticia no pareció despertar mayor atención. Mientras tanto, la discusión acerca de la cada vez más requerida remoción de la Modelo del centro de Barcelona fue adquiriendo una dimensión creciente. En este asunto fue manifiesta la contradicción entre otro tipo de intereses: por una parte, los de aquellos que corporativamente defendían una desenfrenada especulación del suelo, que ha marcado el desarrollo urbano de Barcelona en las últimas décadas, y por otra, los alentados por los vecinos del Eixample y por quienes han venido reclamando la exigencia de mantener viva la memoria histórica de la ciudad. Los primeros han encontrado, casi siempre, un buen soporte en las políticas de recalificación del suelo, las cuales han estado siempre sostenidas por la Generalitat. Los segundos, buscando el sostén del Ayuntamiento, no siempre han encontrado el lógico apoyo que pretendían por aquello de que el gobierno de la capital está obligado a la conservación del patrimonio urbano, en primer lugar de lo que refleja la conciencia colectiva de esta ciudad. La Modelo, sin duda, más allá de todo el dolor que puede significar para quienes han estado en ella alojados o bien han tenido allí a seres queridos, representa un hito en la resistencia contra la opresión. Barcelona cuenta en su larga y milenaria historia con muchos datos que la retratan ejemplarmente en ese sentido. Los habitantes de la ciudad, por lo menos aquellos que sabemos lo que la Modelo supone para su patrimonio cultural, hemos seguido atentos el proceso que ha desembocado en un pacto institucional entre la Generalitat y el Ayuntamiento para conservar la Modelo. Pero la forma en que se dice que se conservará el edificio y el destino que se pretende dar a sus distintas partes no traduce, en mi opinión y en la de quienes desean mantener la Modelo en la memoria de futuras generaciones, el sentido histórico del edificio. En efecto, aun cuando el pacto al que han llegado las dos instituciones está orientado a mantener los espacios construidos de forma panóptica, en ninguna de las previsiones anunciadas aparece ese impulso para mantener la memoria colectiva. El pacto prevé una gran operación urbanística, con concesión de solares e inversiones millonarias por ambas partes, para dar destino a tres instituciones penitenciarias de Barcelona (Modelo, Wad-Ras y Trinitat), otorgando 400 plazas a cada una. En el solar de la Modelo está previsto construir equipamientos municipales, el centro de régimen abierto, una zona verde, oficinas y... hoteles. Pero el indispensable centro de documentación y el museo que permita conservar la memoria de lo que ha supuesto la Modelo, desde comienzos del siglo XX hasta el presente no aparecen en las previsiones. Si la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona ha criticado que buena parte del solar se dedique a hoteles y oficinas, y no a zonas verdes, debería también añadir a sus reclamaciones la inclusión del centro de documentación y el museo señalados.

La conversión de la cárcel Modelo en un nuevo espacio ganado para la ciudad no atiende suficientemente a la memoria histórica de un edificio emblemático

Roberto Bergalli es jefe de estudios de Criminología y Política Criminal de la UB.