'Servicios sociales' del Ayuntamiento

Mi carta va digida a la señora Beatriz Elorriaga, concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid, a quien rogaría me aclare en este mismo diario, para que nos enteremos todos, una grave incongruencia. Pues a su predecesora, señora Elena Utrilla, le expuse en varios escritos pasados por el registro las graves irregularidades que se cometen en los centros de la tercera edad, y, después de más de dos años tomándome el pelo con evasivas no concretó nada, no enmendó nada ni solucionó nada. La incongruencia es la siguiente:

En el dorso de los carnés de estos centros dice: 'La presentación de este carné es obligatoria y permite la entrada a cualquier otro centro del Ayuntamiento de Madrid'. Esto es incongruente con lo que manifiesta meridianamente claro el apartado 2 del artículo 1º del Estatuto, que dice: 'Los centros de la tercera edad estarán abiertos a toda persona mayor de 60 años'. Es decir, que con mostrar el DNI es suficiente, y el escrito antes referido anula este apartado totalmente. Esta gravísima irregularidad le compete directamente a usted.

Aprovecho la ocasión para decirle que, del Estatuto actual vigente, las Juntas Directivas no cumplen ni una coma. Se lo afirmo con conocimiento de causa. Concretamente en mi centro, 'Teresa de Calcuta', en el distrito de Barajas, la cúpula directiva está formada por dos matrimonios amigos, y la complementan tres personas que son vocales, incondicionales de estos matrimonios.

Estos señores hacen y deshacen lo que les da la gana, violando derechos divinos y humanos. El centro es un feudo de ellos, de sus amigos y de sus aduladores y ¡ay de aquél socio que se atreva a cuestionar o discrepar de estos señores!, porque lo condenan al silencio, al ostracismo, al averno o lo amenazan con expulsarlo arbitrariamente del centro. Practican el amiguismo, el oscurantismo total. No tienen reglamento de régimen interior, como obliga el Estatuto, no tienen libros de actas formalizados, o si los tienen los ocultan a los socios como si fuera un secreto de Estado. La Asamblea General Ordinaria (obligatoria anualmente), la hacen forzados por un servidor, y es una parodia, una burla para los socios que no estén de acuerdo con ellos. Allí ni se vota nada, ni se aprueba nada, ni se puede hablar nada que les pueda molestar, ni se hace ningún debate como exige el Estatuto. Sólo hablan ellos, autoalabándose.

Únicamente a los socios se les permite, en ruegos y preguntas, dos minutos como máximo, y las preguntas comprometidas no las contestan. Este precepto no se cumple en casi ningún otro centro de Madrid. Este año, a la asamblea del 18 de abril pasado, no se me permitió acudir, pues me dijeron que no me concederían la palabra, o como máximo un tiempo de los dos minutos antes referidos, y tenía preparadas 14 preguntas muy incómodas y muy comprometidas para ellos.

Aquí, democracia y estado de derecho, nada de nada; esto es un fascismo puro y duro. A estos señores les interesa que los socios no conozcan, o no sepan lo que tienen derecho a saber. Nos tratan como si fuéramos niños o tontos. Esta asamblea es ilegal. Y todo esto, con la aquiescencia de las señoras de los Servicios Sociales Emilia Morales y Elena Giménez, y del concejal del distrito, señor Serrano Guío.