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El Poder Judicial recibe 80 quejas contra el juez y el fiscal de vigilancia

Las quejas proceden de presos, abogados y familiares de internos afectados por su actuación

Abogados, presos, familiares de internos y la Asociación de Solidarios con los presos (ASP) llevan más de un año enviando escritos a la Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por motivos diversos. En unos casos, consideran arbitrarias y discriminatorias las concesiones de tercer grado , cuya responsabilidad recae sobre el juez de vigilancia penitenciaria, Ernesto Alberola. En otros, critican los recursos que presenta el fiscal de vigilancia penitenciaria, José Llorca, contra esas decisiones. Ambos tienen competencias sobre la población reclusa de la cárcel valenciana de Picassent y del centro penitenciario de Castellón.

El pasado 28 de octubre, la ASP remitió al CGPJ un escrito en el que pretendía llamar la atención de la Inspección 'sobre una circunstancia que con harta frecuencia perjudica a los internos a los que el juzgado de vigilancia penitenciaria concede de entrada el tercer grado de tratamiento penitenciario'. En el mismo documento, se dice también que 'posiblemente en un porcentaje superior al 85% los recursos de grado concedidos o ganados ante el juzgado de vigilancia penitenciaria son recurridos, bien en forma o en apelación, por el fiscal de vigilancia'.

El relato incluye la consideración de que 'esa actitud vulnera principios constitucionales en lo referente al tema de la reinserción porque la circunscripción de Valencia aparece como una zona objeto de persecución por parte de un representante del ministerio fiscal'. Sin perjuicio, por otra parte, de considerar arbitrarias muchas de las concesiones de progresión de grado concedidas por el juzgado. Tanto el documento remitido por la ASP como otros enviados por letrados encargados de la defensa de internos en Picassent y Castellón, reclaman a la Inspección 'que tome las medidas oportunas recabando información y datos estadísticos'. Incluso el Centro de Inserción Social consideró en su momento alarmante la cantidad de expedientes de internos del centro de Picassent que eran recurridos.

También la fiscalía de vigilancia penitenciaria recibió el 16 de diciembre de 2000 un escrito con consideraciones similares que ilustraban dos ejemplos en los que, a pesar de informes favorables de la Junta de Tratamiento, las concesiones de tercer grado fueron informadas de manera negativa por parte del fiscal. Una de ellas se refiere a un preso cuyo recurso de 2000 fundamentó el fiscal en base a informes de 1991 sobre un delito cometido en 1983.

Pero las críticas sobre la aplicación de beneficios penitenciarios se extienden también al juez de vigilancia penitenciaria, que tiene una causa abierta por la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Valencia por supuestos delitos de prevaricación y revelación de secretos. Como el Propio Alberola reconoció a este periódico, desde hace poco más de un mes ha variado su criterio en la concesión de terceros grados y admite el recurso del fiscal en doble efecto, lo que deja en suspensión el tercer grado concedido hasta que se resuelve el recurso.Alberola aseguró también mantener una discrepancia con el fiscal sobre la interpretación de la finalidad de las condenas de acuerdo con la Constitución.

Un tercer grado frustrado

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 25 de mayo de 2001

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