Inmobiliaria pública
En 1922, con motivo de la Exposición Universal del 29, se le encomendó al arquitecto Aníbal González, por el ente público Patronato Municipal de la Vivienda, la construcción en la avenida Ramón y Cajal de un bloque de 24 viviendas que fueron entregadas y ocupadas por otras tantas familias con un sistema de contratos que actualmente es variopinto, dependiendo de la antigüedad de cada ocupante. Unos en sus cláusulas se reseña textualmente: 'El arrendatario que haya pagado sin interrupción durante 20 años la renta establecida disfrutará gratuitamente la finca hasta su fallecimiento, gozando de igual beneficio su viuda, mientras viva y conserve dicho estado, y sus hijos, hasta la mayoría de edad si antes no se emancipan, entendiéndose que las hembras tienen derecho a igual disfrute si no contraen estado'. Después de leer este apartado del contrato se puede comprobar que este edificio se construyó sin ningún ánimo de lucro, antes al contrario, su única finalidad estribaba en un bien social.
Muchos años han pasado desde la construcción de tales viviendas que algunos recuerdan como un edificio aislado en el campo y muy alejado de la ciudad. En la actualidad, estos terrenos ostentan un altísimo índice de revalorización. Aprovechando tal coyuntura, la entidad municipal cede los derechos -habría que investigar la legitimidad jurídica de dicha operación- a la empresa que aunque aparenta ser municipal se comporta como una inmobiliaria cualquiera, yo diría más, una inmobiliaria cualquiera tendría que invertir para ganar. EMVISESA además de no haber invertido nada durante años, trata de especular con estas viviendas, desalojando a los vecinos, por la propuesta que el pasado día 11 de mayo nos presentan.
Quieren restaurar el edificio con dinero no sabemos si de la misma empresa -que nos extraña- o con subvenciones de la UE o análogas, pero al volver después de la rehabilitación tendríamos que renunciar a todos los derechos que nos asisten en los contratos antiguos y firmar nuevos con unas mensualidades que oscilan alrededor de 25.000 pesetas.
Siendo estas viviendas ocupadas por una mayoría de pensionistas con sueldos que ni por mucho que quisieran podrían afrontar los gastos que conlleva este nivel presupuestario (de ahí lo de desalojar las viviendas) a ciudadanos que durante toda su vida han habitado en ellas y lo que piden en los últimos años de sus vidas es vivir lo más tranquilos posible y no que se vean obligados a luchar con todas sus fuerzas por conseguir simplemente seguir viviendo en sus casas.
Actualmente estamos en espera de una nueva reunión con el gerente de EMVISESA pero, por la última propuesta, nos damos cuenta de que no cederán en sus pretensiones de ganar a costa del bienestar de 24 familias. Lo único que nos queda es luchar por nuestra vivienda y así lo vamos a hacer.
