La Audiencia Nacional excarcela a cinco promotores del DNI vasco

La Audiencia Nacional ordenó ayer la puesta en libertad bajo fianza de 500.000 pesetas de las cinco personas que ingresaron en prisión entre octubre y noviembre pasados por su supuesta vinculación al proyecto de desobediencia civil de ETA-EKIN, desde el que pretendían crear un DNI y un Registro Civil vascos. Así lo acordó la sección cuarta de la Sala de lo Penal de este Tribunal en un auto en el que estima los recursos interpuestos por los cinco imputados contra los autos de prisión del juez Baltasar Garzón, que les acusa de pertenencia a banda armada.

La Audiencia Nacional ordena que los cinco encarcelados -Carlos Trenor, concejal de EH en San Sebastián; Ignacio María O'Shea, ex miembro de la Mesa Nacional de HB; Mikel Aznar, responsable de la Fundación Joxemi Zumalabe; Sabino Ormazabal, jefe de opinión del diario Gara, y Mikel Zuluaga, autor del proyecto de desobediencia civil Pitzu Euskal Herria [Encender Euskal Herria]- sean puestos inmediatamente en libertad, 'si no estuviesen privados de ella por otra causa'. La Sala explica que adopta esta decisión al haber solicitado el fiscal en la vista de los recursos, celebrada ayer en la Audiencia Nacional, que los cinco detenidos fueran puestos en libertad bajo fianza de dos millones de pesetas, ya que la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que 'la prisión no puede acordarse por el juez o Tribunal competente de no existir petición de alguna parte acusadora'. No obstante, la Sala ha decidido rebajar la fianza solicitada por el fiscal a medio millón de pesetas.

Según fuentes jurídicas, al término de la vista el fiscal Enrique Molina pidió libertad bajo fianza para los cinco encarcelados al estimar que no van a reincidir en los delitos que se les imputa, pendientes de calificación para el procesamiento, ni van a obstruir la investigación, dado el tiempo transcurrido desde su ingreso en prisión. Molina apreció únicamente el riesgo de fuga, que consideró se podría solventar con la fianza de dos millones de pesetas que pidió para cada uno de ellos.

Por su parte, la defensa pidió al Tribunal la puesta en libertad de los encarcelados por entender que los hechos que les imputa el juez Garzón no son constitutivos de un delito de pertenencia a banda armada. A este respecto, el fiscal expuso que la posesión del DNI vasco no representa un hecho delictivo, pero sí lo es que la imposición para crear este documento proceda de ETA.

Garzón decretó la prisión para estas cinco personas tras ser detenidas en la operación Itzali (Apagar) por su presunta participación en la estrategia de 'desobediencia civil' de ETA-EKIN para contribuir a la conformación de un Estado paralelo.

De otra parte, los promotores de la iniciativa Por los derechos humanos y las libertades civiles han reunido casi 800 firmas de apoyo a su denuncia de casos de violación de derechos fundamentales de 'vascos que discrepan del marco constitucional' y de las que responsabilizan al Gobierno, 'con la colaboración de una parte de la judicatura, esencialmente encuadrada en la Audiencia Nacional'. La iniciativa ha recibido el apoyo del ex lehendakari Carlos Garaikoetxea, de Ramón Zallo, Emilio Olabarria, Gorka Knörr y Baltasar Errazti, entre otros.