El PP limita el pacto sobre inmigración al ámbito regional y local

La Junta de Andalucía quiere que el Plan Integral sobre Inmigración llegue al Parlamento autonómico en las mejores condiciones y consenso posibles y que no se convierta en un fangal de cruces y reproches de tinte partidistas. Así, la carta que el consejero de Gobernación, Alfonso Perales, le envió a Antonio Sanz el pasado martes, mostraba un talante abierto al diálogo frente a los problemas más acuciantes 'como es el caso de los alojamientos en la provincia de Almería'.

La respuesta de Sanz también muestra un tono de acercamiento ante una situación acuciante y trascendente en Andalucía. A pesar de que en la carta del consejero de Gobernación se habla de 'un entendimiento' a nivel de Andalucía, Sanz recalca que para que estas conversaciones lleguen a buen puerto y se materialicen en pactos concretos se tendrán que ceñir a 'la aplicación de competencias de ayuntamientos y comunidad autónoma'. Los populares andaluces no están dispuestos a que se mezclen discusiones sobre el papel del Gobierno central ante la situación de la inmigración, tanto legal como ilegal.

Sin directrices

Ayer por la tarde, la presidenta del Partido Popular de Andalucía, Teófila Martínez, dijo que no iba a dar ningún tipo de instrucción o directriz a los alcaldes de su partido al respecto, aunque sí aseguró que estos ya saben que tienen que buscar acuerdos con el Ejecutivo autonómico y cumplirlos.

Por otro lado, el consejero de Gobernación aseguró ayer que la oferta de empleo en Andalucía permitiría acoger a entre 25.000 y 30.000 inmigrantes más sobre los 100.000 que se cree que ya hay y matizó que el Gobierno central es el único con capacidad para establecer los que podrían llegar a España, informa Efe. Perales explicó que estos datos que maneja la Junta son los que les han ofrecido el Instituto de Estadística de Andalucía, la organización agraria UAGA y los empresarios.

Esta cifra contrasta con el último cupo de inmigrantes que el Gobierno concedió el año pasado para Andalucía, fijado en 4.200, según el consejero, quien agregó que 'cada país tiene derecho a que vengan los inmigrantes que necesita'. Perales, tras señalar que muchos de estos inmigrantes están ilegalmente en Andalucía, afirmó que el Gobierno central tiene que precisar el número de inmigrantes que necesita el país, en qué lugar y en qué actividad, y se mostró favorable a un gran acuerdo entre las instituciones para abordar este fenómeno.

Para la llegada de los inmigrantes que aún puede absorber el mercado laboral de Andalucía, Perales propuso que si vienen de Marruecos lo hagan con contratos antes de salir de su país y que vuelvan a sus localidades una vez concluido el trabajo encomendado.

De esta forma se conseguiría que los inmigrantes lograran ingresos suficientes para vivir todo el año en su país, que cotizaran a su Seguridad Social. Este mecanismo se emplea para los andaluces en la vendimia francesa.

Asimismo, la Junta informó ayer que varias empresas agrícolas e inmobiliarias se han acogido ya a los beneficios previstos en el decreto para promover alojamientos de alquiler destinados a los trabajadores inmigrantes en Almería. Hasta ahora se han proyectado 114 actuaciones, que proporcionarán alojamiento a unas 240 personas en distintos municipios de la provincia. En la modalidad de viviendas de hasta setenta metros cuadrados, se prevé construir ocho en Almería y 62 'unidades habitacionales' en Roquetas de Mar, 24 en Pulpí y 20 en Cuevas del Almanzora.