Los padres de un disminuido demandan a Interior por tardar un año en comunicarles su muerte

Se ignora si José Luis Sánchez se lanzó voluntariamente desde el puente, situado en la carretera de Valencia, o si fue empujado por alguien. La policía lo identificó desde el primer momento, pues en el bolsillo de su ensangrentada camisa portaba el DNI. Lo sorprendente es que a la policía y al juez, que delegó en un funcionario para levantar el cadáver porque él realizaba otra diligencia en ese momento, se les olvidó avisar del óbito a la familia.

José Sánchez y Ana Pérez, padres de la víctima, estuvieron buscándole por media España durante más de un año. Colocaron fotografías suyas en calles de muchas ciudades, e incluso estuvieron en el extinto programa de televisión ¿Quién sabe dónde?, de Paco Lobatón. Se enteraron de la muerte, tras haber mantenido múltiples e infructuosas entrevistas con un responsable policial del grupo de Desaparecidos, por una casualidad: una hermana de José Luis acudió al Registro Civil para pedir un certificado (iba a casarse) y, ante su asombro, observó que su hermano figuraba inscrito como fallecido y que había sido enterrado con cargo a la beneficencia.

Ahora, los ministerios del Interior y de Justicia reconocen que ese olvido constituyó un grave error, tanto judicial como policial, pero se niegan a indemnizar 'el daño moral y psíquico' que supuso para estos padres el sinvivir de no saber durante más de 365 días qué había sido de su hijo deficiente mental. La familia, de momento, ha presentado una demanda contra Interior ante la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional y, en la actualidad, prepara otra contra el ministerio de Justicia.

Propuesta favorable

La funcionaria Inmaculada Briones, a la que Interior encomendó investigar lo ocurrido, elaboró un informe en el que se admitía el daño causado a la familia (los agentes dispusieron del DNI desde el primer momento). Y concluyó que los padres debían ser indemnizados con casi dos millones de pesetas (la familia pedía cinco, por los gastos de los viajes efectuados para buscarlo). Sin embargo, el ex ministro Jaime Mayor Oreja, en un informe firmado el 12 de mayo de 1999, rechaza dar esa indemnización alegando que sólo hubo una 'descoordinación' en los cuerpos policiales a la hora de comunicar el óbito a los padres. Durante la búsqueda, la familia mantuvo múltiples entrevistas con el entonces jefe policial del área de Desaparecidos.

En el escrito en el que deniega la indemnización, Mayor Oreja argumenta que 'no está acreditado ni justificado' que los padres hayan sufrido 'daño psíquico' -el trastorno de la madre 'parece debido al fallecimiento de su hijo, no a la falta de notificación policial'- ni 'moral' -'consta una tardanza de cinco meses en denunciar la desaparición'-.

'Todo eso es muy fuerte. Suponemos que se trata de simples excusas del ministro para eludir el pago', afirma Esperanza Marcos, del bufete Marcos Juárez, abogada de la familia. 'No es verdad que tardasen cinco meses en denunciar la desaparición', añade. 'Al día siguiente de faltar José Luis, sus padres, tras preguntar en hospitales y a conocidos, fueron a la comisaría del distrito de La Estrella y denunciaron que su hijo no había llegado a casa'. 'Los agentes', explica la abogada, 'les dijeron que no pusieran la denuncia, pues, al ser mayor de edad, cabía la posibilidad de que volviese en cualquier momento. Así lo hicieron, aunque pasados varios días comenzaron su búsqueda, convencidos de que la policía ya conocía el asunto: no hay que olvidar que se trata de personas de un nivel humilde y sencillo', explica Marcos. 'He intentado explicar a los padres que el ex ministro no ha tratado de ofenderles, sino que se trata de una excusa para no pagar, porque, suponemos, carecería de presupuesto en ese momento', añade.