En pantuflas

A MEDIDA que los gobernantes se acostumbran al ejercicio cotidiano del poder y se identifican personalmente con los papeles que les han tocado en el reparto de los cargos públicos, es fácil que pierdan el respeto debido a los espectadores y se pongan la ropa de andar por casa y las pantuflas para sentirse cómodos. La segunda legislatura -con mayoría absoluta- de los populares ha iniciado esa etapa de relajamiento somnoliento y de borborigmos digestivos: así lo prueban la indiferencia del Gobierno ante las críticas de la opinión pública y la resistencia a rendir cuentas (la accountability anglosajona) de sus actos ante el Parlamento. Sobran los ejemplos: desde las patochadas de la ministra de Sanidad para librarse de responsabilidades en la crisis de las vacas locas hasta las opacas respuestas dadas por el ministro de Agricultura a las acusaciones de haber incurrido en incompatibilidades, pasando por el rodillo aplicado a la oposición por la presidenta del Congreso.

La superflua necedad que el Gobierno hizo leer en público al Rey el pasado 23 de abril ('a nadie se le obligó nunca a hablar en castellano: fueron los pueblos mas diversos quienes hicieron suyos, por voluntad libérrima, el idioma de Cervantes') les ha salido gratis total a los perpetradores del desatino; sin embargo, durante el mandato socialista una metedura de pata bastante menor produjo la fulminante destitución del responsable del desliz cometido por el Jefe del Estado. La práctica picaresca de copiar o parafrasear escritos ajenos para presentarlos como propios, sin entrecomillar los textos saqueados ni citar a su autor a pie de página, ha sido rebautizada por un alto cargo cultural del PP con el prestigioso eufemismo de intertextualidad: el secretario de Estado de Cultura y el nuevo director de la Biblioteca Nacional, atrapados in fraganti en esa apropiación indebida, no han presentado su dimisión ni han sido cesados, sino que se han dedicado a insultar a quienes se limitaron a descubrir sus plagios.

El incumplimiento por el Ministerio de la Presidencia de la obligación de facilitar dentro de los plazos legales (cinco días antes de la celebración de los comicios) la encuesta sobre las elecciones vascas realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) entre el 15 y el 25 de abril ha elevado el nivel de las aguas en esta preocupante crecida de arrogancia y abuso de poder. La tonta astucia de demorar la entrega del sondeo hasta después de que se abrieran las urnas se saldó con un fracaso: la Junta Electoral Central, que viene exigiendo desde 1993 el acceso a todas las encuestas realizadas durante el periodo de campaña, obligó al Gobierno a trasladar los resultados del sondeo a los grupos parlamentarios.

La Ley de Organización del CIS, de 19 de diciembre de 1995, garantiza la trasparencia de la actividad del centro y refuerza su vinculación a las Cortes Generales a fin de facilitar el mejor conocimiento de la sociedad española a sus legítimos representantes. Durante su permanencia en la oposición, tanto los portavoces del PP como los periodistas a su servicio (los publicistas consagrados a la devotio iberica del presidente Aznar han sido debidamente recompensados con espacios en la Televisión Pública y otras canonjías) convirtieron en su deporte favorito las campañas de desprestigio contra el CIS y sus sucesivos directores (Julián Santamaría, Rosa Conde y Joaquín Arango), acusados de servir a los intereses del PSOE. Vivir para ver. Sean cuales sean los motivos políticos del intencionado retraso en la entrega de la encuesta sobre las elecciones vascas, para así impedir su difusión antes de los comicios o dentro del plazo legal establecido, el Gobierno ha mostrado con esa estúpida ocultación su descaro; el incumplimiento del mandato legal de respetar la independencia del CIS revela la voluntad de hacer trampas en el juego a la vista del público y de manejar los aparatos del Estado como si fuesen bienes patrimoniales. Pero todos tranquilos: la impunidad de Arias Cañete y Villalobos, del amanuense que obligó al Rey a hacer el ridículo y de los altos cargos intertextualizadores adelantan que nadie pagará tampoco el pato en esta ocasión.