Bruselas quiere sancionar a las empresas que aplican despidos masivos sin respetar las normas

Las noticias de despidos masivos en multinacionales no cesan. La Comisión Europea considera que en muchas ocasiones estas reducciones de plantilla se hacen sin respetar la normativa comunitaria y propone que se cree una lista negra de empresas que violen las reglas en materia laboral, como no informar en el momento adecuado y convenientemente a los trabajadores sobre un proceso de reestructuración o sobre las consecuencias laborales de una fusión. Bruselas quiere que se sancione a las empresas cuando esto se produzca.

'No podemos seguir cruzados de brazos', declaró ayer la comisaria de Empleo y Asuntos Sociales, Anna Diamantopoulou. 'Por toda Europea estamos observando una oleada de despidos colectivos a gran escala, y éstos afectan no sólo a los trabajadores, también a sus familias y a regiones enteras', dijo. La Comisión prepara una serie de iniciativas para frenar el impacto de los despidos colectivos, especialmente en las empresas con beneficios y en las que aplican severos ajustes tras procesos de fusión.

Los últimos despidos colectivos anunciados por grandes multinacionales se producen en un momento en el que la economía europea crece a un ritmo elevado. 'Es una contradicción, y nos preocupa', declaró la comisaria. La Comisión pide a los Estados que obliguen a las empresas a aplicar las directivas existentes 'de manera apropiada' y 'eficaz', y que refuercen los mecanismos de vigilancia.

La Comisión Europea quiere atacar especialmente la falta de transparencia y de información por parte de las compañías que emprenden fusiones a la hora de comunicar los detalles y las consecuencias de la operación a los trabajadores. La comisaria Diamantopoulou pretende lanzar a finales de año un debate sobre la responsabilidad de los empresarios en estos procesos de reestructuración con vistas a reforzar la normativa laboral actual.

Diamantopoulou está trabajando con el comisario de la competencia, Mario Monti, para ver de qué manera se puede suspender una operación de fusión cuando las partes no puedan demostrar que se informó correctamente a los trabajadores. El objetivo es ligar la política de empleo con la de competencia. Otra idea lanzada por Diamantopoulou es que las empresas de más de 1.000 trabajadores creen un fondo, que podría también ser financiado por la plantilla y el Gobierno respectivo, para ser utilizado en caso de regulación de empleo.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, dejó claro ayer que España se desmarca de las medidas regulatorias impulsadas por Francia para mejorar la cobertura de los desempleados en caso de despidos masivos. Francia ha anunciado que las indemnizaciones por despido cuando hay causas objetivas pasarán de tres días por año trabajado a seis días. 'Con una cobertura tan baja, se explica la medida de los franceses, pero en España, donde el despido tiene una indemnización mínima de 20 días por año, no es necesaria', dijo Aparicio.