Declara una ex concejal de Tarragona acusada de prevaricación

La ex concejal del Ayuntamiento de Tarragona por el PSC Roser Recasens, que se enfrenta a una pena de inhabilitación por un presunto delito de prevaricación en la tramitación del cierre de un bar restaurante, alegó ayer, primer día del juicio, que la denuncia del propietario obedece a 'un error burocrático' que se produjo durante las vacaciones del mes de agosto.

La denuncia se remonta al año 1996 y, según alegó la concejal, la orden de cierre por un mes del bar La Pedrera se produjo porque en el expediente del local no constaba una resolución anterior en la que se concedía al propietario un mes de prórroga para la insonorización del local. La concejal aseguró que no había sido consciente de estar cometiendo una irregularidad y que todo el proceso se resume a una contradicción entre dos resoluciones coincidentes en el tiempo -la de prórroga y la de cierre- que cuando se detectó se solucionó con rapidez levantando el precinto del cierre decretado.

El propietario del restaurante, que se mostró titubeante en su declaración, aseguró que en varias ocasiones había intentado hablar con la concejal de licencias, 'pero ella no estaba nunca'. El fiscal solicita una pena de siete años de inhabilitación para Roser Recasens, que recibió el apoyo de la plana mayor del partido en Tarragona.