¿Quién defiende a la televisión pública?

Las televisiones públicas se hallan hoy en una fase crucial de su existencia: un nuevo entorno tecnológico, económico, social y cultural condiciona de manera determinante su presente y su futuro. Estamos quizá en una fase terminal del modelo actual de televisiones públicas. Se están alumbrando las bases de un nuevo modelo pero no hay consenso político sobre el alcance de la misión de servicio público, el papel de las televisiones públicas en los mercados de las audiencias y la publicidad, el sistema de financiación, y sobre quién debe ejercer el control público (una alta autoridad audiovisual, el Parlamento o el Gobierno).

En términos económicos y financieros, la situación actual agrava los problemas que vienen arrastrando las televisiones públicas, derivados del estancamiento de sus ingresos de origen público mientras los gastos aumentan intensamente por la inflación de costes provocada por la fuerte competencia en muchos géneros de programas (deportes, ficción, entretenimiento, etcétera) y porque la televisión es una industria cultural peculiar en materia de costes: aplicación intensiva de trabajo humano creativo, cuya productividad no puede seguir el ritmo del capital tecnológico (es la enfermedad de Baumol, diagnosticada por los investigadores).

El futuro de las televisiones públicas pasa por pactar un modelo de ámbito estatal

La consecuencia es que las televisiones públicas se colocan en una situación de mayor dependencia cada vez de la publicidad (deslegitimando, por esa dependencia, su propia naturaleza), al darse además la circunstancia de que las reglas del juego respecto a la competencia privada las colocan en desventaja: programas y gravosos convenios de servicio público, renuncia explícita a programas serviles con las grandes audiencias, presupuestos anuales que frenan planes a medio plazo, etc. Las televisiones privadas, que ponen el grito en el cielo en sentido contrario, olvidan que las barreras de entrada disfrutadas en su origen les han permitido su pingüe participación en la tarta publicitaria.

Cuando acabe esta legislatura, si la SEPI no lo remedia antes por procedimientos muy ortodoxos, el ente público RTVE habrá acumulado una deuda superior a 1 billón de pesetas (digamos, 6.000 millones de euros, que parece menos).

La Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) no arrastra deuda, es la más barata y la más saneada desde el punto de vista financiero, pero registra un déficit presupuestario, sufre una cierta insuficiencia financiera, que es resultado de las anteriores reflexiones y del desajuste entre los presupuestos y el intenso crecimiento experimentado en los últimos años en canales, en horas de programación y, en definitiva, en dimensión empresarial: más actividad, más producción, más empleo.

Cuando, desde ópticas sesgadas y poco documentadas, se analiza el presupuesto de la RTVA en términos de coste de oportunidad, proponiendo destinos alternativos del dinero público, se vela que la RTVA es una empresa estratégica para Andalucía en la Sociedad de la Información y un grupo empresarial sólido y potente (uno de los primeros de esta Comunidad), por sus cualificados y eficientes recursos humanos, por sus activos tecnológicos, por sus compañías participadas y por su marca, por su fondo de comercio que, puesto en el mercado, si a algún poco amigo de lo público se le ocurriera un día, estaría valorado sin duda muy por encima de los cien mil millones de pesetas.

Las señales de RTVA están hoy en todo el mundo, en tiempo real, a través del satélite y de Internet, lo cual debe enorgullecer a Andalucía y a los andaluces de aquí y de allá.

Es evidente que desde la perspectiva pública, aquí en Andalucía, nos enfrentamos ante nuestra propia responsabilidad como televisión pública no sólo con análisis económicos, sino con la búsqueda de un diseño de nuestra producción de contenidos que represente fielmente la identidad cultural y social de Andalucía, a través de los cuáles nos convirtamos en el vehículo de transmisión e intercomunicación de las características, valores, preocupaciones y posibilidades de nuestra Comunidad.

Queremos ser, como ha dicho un teórico de la comunicación (Souchon), una televisión 'popular de calidad', en realidad, la única televisión verdaderamente generalista: todos los géneros para todos los públicos. Debemos tener en cuenta las audiencias, que son un factor importante para la misión y viabilidad de la televisión pública (si no se ve, no puede cumplir su función), pero ésta no puede ir a rastras de aquéllas ni puede aceptar que se le endose la letra del mal gusto o el mal hábito de telespectadores mal educados por ofertas heterogéneas e inasumibles por la televisión pública.

El hecho de que columnistas de saldo, seco el magín, pretendan, para descalificarla, reducir la vasta, plural y rica programación de la RTVA a la actuación en un programa de una pareja de humoristas a la que desprecian desde su atalaya divina, no resta crédito a la anterior declaración. Y tampoco puede depender el pedigrí cultural de Canal Sur de que le acepte o no determinados proyectos de programa, que están fuera de su presupuesto, a este o aquel escribiente de periódicos o este o aquel sedicente creador de nuestra cultura.

La RTVA ha sido, a mi juicio, en esta última década la primera contribuyente a la vertebración social, cultural y política de Andalucía: las retransmisiones televisivas de los acontecimientos culturales, festivos y deportivos de nuestros pueblos y ciudades; los servicios informativos y Andalucía Directo; Los Reporteros, Tierra y Mar, Al Sur,...; el excelente Canal 2 Andalucía; o, en la radio, La Hora de Andalucía, El público, Mira quién habla,..; y nuestro canal por satélite Andalucía Televisión (como he tenido oportunidad de comprobar en Barcelona hace unos días), han vertebrado más Andalucía en estos años que cualquier otro elemento tangible o intangible de nuestra autonomía.

Nada de esto parece tener valor para quienes, desde intereses mercantiles, políticos o personales pretenden desacreditar a esta empresa pública con propuestas sospechosas que, con la coartada de poner remedio a sus males, persiguen el confinamiento, la marginalidad, cuando no la desaparición de las televisiones públicas.

¿Qué podemos hacer quienes sí creemos en las radios y las televisiones públicas para defenderlas? Primero, definir un modelo, consensuarlo políticamente y afianzarlo. Un modelo que precise, en primer lugar, un alcance generoso de la misión de servicio público, que incluye no sólo sus ofertas de programación sino su compromiso con la innovación tecnológica y con el impulso al sector audiovisual, así como la incuestionable garantía de pluralidad e independencia.

La Resolución del Parlamento Europeo (1996) sobre la función de la televisión pública atribuye a ésta la obligación de ofrecer un amplio abanico de programas a toda la población, garantizando el acceso de la población a acontecimientos de interés público general, incluidas las manifestaciones deportivas.

El modelo exige también acordar un sistema estable de financiación, en la línea que ha aceptado la Comisión Europea: una financiación mixta sujeta a los principios de proporcionalidad (de la subvención con el servicio público que financia) y transparencia (contabilidad separada de las actividades comerciales y de las de servicio público).

Pero hay quienes no tienen modelo o, sencillamente, no aceptan a las televisiones públicas. El PP de Andalucía, por ejemplo, propuso eliminar en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2001 la subvención anual a RTVA. Y todavía no ha explicado cuál es su modelo: ¿es acaso el modelo terminator, como advertí en el Parlamento, que en su versión light modela la televisión jíbara, según el diseño que está confeccionando la SEPI para el ente público RTVE y del que pronto tendremos noticias? Dígase claro.

A mi entender, la televisión pública es hoy más necesaria que nunca, en el mundo de la globalización cultural, en el mundo multicanal, en este mercado dominado cada vez más por la televisión de pago. Porque el derecho de todos los ciudadanos a la información, a la cultura, a una oferta audiovisual educativa, formativa y entretenida; la libertad real de expresión (es decir, aquella que puedan ejercitar todos los ciudadanos) no puede ser función de los grupos económicos y financieros dominantes, de las grandes compañías de las telecomunicaciones o la informática, o de los intereses publicitarios, sino una variable independiente.

Como creo en las televisiones públicas, me preocupo por su viabilidad y ésta pasa, a mi criterio, por pactar un modelo de ámbito estatal (esto es legislación básica) que defina el alcance del servicio público y precise más su papel social, que garantice una financiación mixta estable y asegure un control público acorde con el nuevo modelo.

Rafael Camacho Ordóñez es director general de RTVA.