La presidenta filipina visita a Estrada en la cárcel por consejo de la Iglesia

La presidenta filipina, Gloria Macapagal Arroyo, visitó ayer por sorpresa al ex presidente Joseph Estrada -encarcelado desde hace tres días por corrupción en una celda de la prisión de Santo Domingo (al sur de Manila)- por consejo de su asesor espiritual y arzobispo de Cebú, Ricardo Vidal. Esta es la primera entrevista entre Arroyo y Estrada desde que una revuelta popular secundada por la oposición, la Iglesia Católica y las Fuerzas de Seguridad puso fin al mandato del anterior presidente el pasado 20 de enero y llevó al poder a la entonces vicepresidenta.

Arroyo deseaba comprobar personalmente que su antecesor en el cargo disfruta de todas las comodidades que merece un ex jefe de Estado. 'Fue un encuentro amistoso y cordial', dijo el portavoz presidencial, Roberto Tiglao, que declaró que Estrada había solicitado algunos cambios en la pequeña y espartana celda en la que permanece encerrado. 'Creo que el ex presidente pidió cortinas', aseguró. Estrada y Arroyo hablaron durante unos 30 minutos y 'se dieron la mano y un beso', según otro de los portavoces presidenciales.

Poco después de que se marchara, la policía filipina mató a tres presuntos guerrilleros comunistas durante un tiroteo que se desató en las cercanías de la prisión. Los pistoleros eran presuntos miembros del Nuevo Ejército del Pueblo, facción armada del ilegal Partido Comunista de Filipinas. Hace algunos días, las fuerzas de seguridad revelaron un supuesto plan del Nuevo Ejército del Pueblo para secuestrar al ex presidente encarcelado, someterlo a un juicio popular y, de considerarlo culpable, ejecutarlo.

Recursos judiciales

El Tribunal Supremo de Filipinas comenzó ayer a estudiar el recurso a la orden de detención dictada contra miembros de la oposición acusados de instigar las violentas manifestaciones protagonizadas en los últimos días por los seguidores de Estrada. Entretanto, un tribunal de la ciudad de Quezo, incluida en el área metropolitana de Manila, presentaba cargos judiciales por rebelión contra tres de los que ya han sido arrestados: el ex embajador de Filipinas en Washington Ernesto Maceda, el senador Juan Ponce Enrile y el general Vic Batac.

Los que aún no han sido detenidos continuaban ayer denunciando que el 'estado de rebelión' decretado por la presidenta es inconstitucional. La declaración del estado de rebelión es una facultad del presidente que permite, cuando la seguridad pública lo requiera, la suspensión del hábeas corpus -privilegio judicial que establece que nigún ciudadano puede ser detenido sin ponerlo antes a disposición judicial-.

Una de las integrantes de la 'lista negra' en la que figuran senadores y militares acusados de manipular a los seguidores de Estrada para derrocar al Gobierno, la senadora Miriam Defensor-Santiago, fue más lejos. Llegó a exhibir una pistola ante los periodistas para asegurar que se resistirá a la detención. 'Me defenderé, no obedeceré la orden de arresto', declaró Defensor-Santiago, que pidió un aplazamiento de los comicios legislativos del 14 de mayo 'porque se desarrollarán en un clima injusto, ya que algunos dirigentes y candidatos de la oposición están detenidos'.

Sin embargo, la Junta Electoral Central aseguró que la celebración de las elecciones seguirá su curso. El viceprimer ministro de Justicia, Manuel Teehankee, aseguró que los disturbios del martes, cuando los partidarios de Estrada trataron de tomar el palacio presidencial con un resultado de cinco muertos y unos cien heridos, constituyen 'un acto de rebelión' y que sus instigadores podrían ser condenados a cadena perpetua.