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Sin agua corriente, electricidad o suficientes letrinas, 70.000 afganos huidos de la guerra y la sequía que devastan su país esperan impacientes a que el Gobierno de Islamabad y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) lleguen a un acuerdo sobre su futuro. Saturado por 2,5 millones de afganos, Pakistán ha cerrado el paso fronterizo de Torkham y se niega a que ACNUR registre como refugiados a esta última avalancha llegada al campamento de tránsito de Jalozai, que deberá ser desalojado en junio.

Jalozai se organizó como campo de refugiados hace dos décadas cuando la invasión soviética de Agfanistán provocó las primeras huidas masivas de afganos hacia Pakistán. En 1995, ACNUR interrumpió su programa alimentario y puso en marcha una operación retorno con moderado éxito. Unas 50.000 personas viven aún en aquel asentamiento inicial. Sin embargo, desde 1999 y aprovechando los espacios libres dejados por los repatriados, el lugar se había convertido en un campamento de tránsito para los nuevos llegados que, una vez registrados por Naciones Unidas, eran trasladados a otros poblados.

'A finales de agosto del año pasado, se inició una nueva oleada de refugiados que ha coincidido con una disminución de nuestros recursos, lo que el Gobierno de Afganistán ha interpretado como una falta de interés por parte de la comunidad internacional', explica Roy Herrmann, responsable de la oficina de ACNUR en Peshawar, ciudad paquistaní próxima a la frontera con Afganistán. 'El cansancio del país de acogida se tradujo en un cierre de la frontera el pasado noviembre y desde enero nos impiden registrar a los recién llegados y trasladarles a otros campamentos', añade.

Distribución de alimentos

En total 70.000 de los cerca de 300.000 afganos llegados desde la nueva crisis han quedado atrapados en el improvisado Jalozai. La mayoría procede del norte de Afganistán, de las zonas donde el régimen talibán aún lucha por desalojar a la alianza del norte de Ahmed Sha Masud, y pertenecen a las minorías hazara, ismailí o sihí. Herrmann precisa que las autoridades paquistaníes no les dificultan la asistencia de emergencia e incluso hace un mes les permitieron distribuir alimentos, pero a cambio les pidieron que cierren el campamento en dos meses. El plazo vence en junio.

Con estas medidas, el Gobierno de Islamabad pretende desincentivar nuevas llegadas de afganos que en su opinión huyen más por motivos económicos (sequía y falta de alimentos) que por la guerra, hoy limitada al cuadrante noreste del país. En privado, algunos funcionarios del organismo humanitario admiten que los afganos siguen llegando a Pakistán por otros pasos menos accesibles que el de Torkham, a razón de unas cincuenta familias al día.

Un portavoz paquistaní desmintió ayer las acusaciones estadounidenses de que su país ha aumentado la ayuda a los talibán y a los grupos independentistas dentro de la Cachemira india. La misma fuente aseguró que Pakistán cumple con la resolución 1.333 del Consejo de Seguridad de la ONU (que prohíbe la venta de armas al régimen de Kabul) y que 'apoya el llamamiento al alto el fuego realizado por el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, Ruud Lubbers', el pasado martes en Kandahar.